Hasta ahora la región de Valparaíso se mantenía al margen de la serie de cuestionamientos hacia los nombramientos de las nuevas autoridades en distintas reparticiones públicas del país. Sin embargo, la designación del gobernador de Quillota, el abogado César Barra, generó dudas desde la oposición y de una ex autoridad del anterior gobierno de Bachelet.

César Barra no es un personero nuevo en las lides políticas y el servicio publico, pues ya había desempeñado cargos como parte del equipo jurídico de la bancada socialista, como director del Fosis y como Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, durante la administración anterior de Michelle Bachelet.

Precisamente siendo seremi de Vivienda, se generó una situación particular que se remonta al año 2009, cuando fue desvinculado de su cargo de una forma que hasta ahora no ha sido del todo aclarada.

En esa oportunidad, el caso fue llevado al Congreso por el entonces senador Carlos Ominami, quien en la sesión Nº33 del 14 de julio de 2009, manifestó su defensa a César Barra, dando a conocer los detalles de su destitución del cargo a manos del ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez Yoma, quien por esos días oficiaba de vicepresidente de la República, ante la ausencia de la presidenta Bachelet. (Ver documento de la denuncia de Ominami).

Ominami expuso que el 26 de febrero se cesó del cargo a César Barra como Seremi de Vivienda, señalando que según la información entregada por el entonces intendente Iván de la Maza, la decisión fue adoptada como “razón política” resultante de una “pérdida de confianza”.

Los supuestos antecedentes esgrimidos por el ministro Pérez Yoma -relató Ominami en esa oportunidad- consistían en una hoja sin firma enviada supuestamente por la Policía de Investigaciones, donde se formulaban un conjunto de imputaciones de supuestos fraudes y corrupción en los que habría participado César Barra.

En esa oportunidad, también se mencionó al entonces consejero regional Christian Urizar, hoy diputado en ejercicio, indicándose que sería inminente su procesamiento por también -supuestamente- haber participado de hechos similares.

Esa carta, presuntamente enviada por la PDI, fue recibida por el entonces subsecretario del Interior Patricio Rosende, el 25 de febrero de 2009, quien comunicó a Pérez Yoma del hecho, tomándose así la decisión de desvincular a Barra el 26, es decir sólo un día después.

El ex senador Ominami denunció que el fin de ese documento era “causar daños políticos, electorales y morales irreversibles”, pues más tarde la policía civil negaría la existencia de tal informe.

Ex intendente desmiente a Ominami

Consultado por el tema, el ex intendente Iván de la Maza, descartó categóricamente que César Barra haya sido destituido, y aseguró que éste le presentó su renuncia voluntaria, argumentando principalmente su deseo de ser candidato al parlamento. “No había ninguna razón objetiva para destituirlo”, dijo el ex jefe regional.

Eso sí, reconoció que de forma interna hubo conflictos y diferencias políticas en el Partido Socialista, derivadas de la división que provocó el apoyo de Carlos Ominami a la candidatura a diputado de su hijo, Marco Enríquez-Ominami.

A pesar de lo que declaró en su exposición el ex senador Ominami, sobre el documento de la PDI que habría resultado falso, Iván de la Maza asegura que nunca conoció de esa carta y reiteró que la salida de Barra fue voluntaria y no solicitada desde el Ejecutivo:

Después de la presentación de Ominami en el Congreso, la Policía de Investigaciones descartó categóricamente la validez de ese documento y negó que haya habido cualquier investigación oficial en curso.

Comisión investigadora inconclusa

La aclaración de la PDI motivó que, con el respaldo de 50 diputados, se conformara una comisión investigadora en la cámara que llevó un nombre bastante ostentoso: “Comisión especial investigadora del uso de eventuales informes policiales falsos, así como de operaciones de desprestigio que tienen por finalidad proceder a la destrucción de adversarios políticos en la Quinta Región de Valparaíso”. (Ver el resumen de la sesión)

La conformación de esta comisión fue tratada en la sesión Nº 59, del miércoles 5 de agosto de 2009, y fue aprobada por 70 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, con un plazo de 60 días para la investigación. Sin embargo, la comisión nunca sesionó, ni emitió informe alguno, por lo tanto, las graves acusaciones en contra de Barra y Urizar o de otros involucrados, no fueron ni confirmadas ni descartadas.

Tampoco hubo más pronunciamientos de la Policía de Investigaciones, ni del Ministerio Público, ni de las autoridades de la época.

Reflotan los cuestionamientos

La senadora del movimiento Amplitud, Lily Pérez, advirtió sobre las dudas ante la designación de Barra y en el Congreso se refirió escuetamente al caso. “Al parecer hay problemas con el gobernador nuestro en la provincia de Quillota (…) Es un caso que hay que ver”, indicó.

Por su parte, el diputado Joaquín Godoy también se sumó a los cuestionamientos, poniendo en duda la idoneidad del nuevo gobernador de Quillota e instando al gobierno a pedir su renuncia, pues a su juicio “hay antecedentes suficientes”.

Pero las dudas hacia César Barra no sólo llegan de parte de la oposición, puesto que Julio Trigo, gobernador de Petorca durante el gobierno anterior de Bachelet, dijo que este nombramiento obedece a los círculos de poder que aún se mantienen al interior de la Concertación.

Pero el tema no termina ahí, pues Trigo entregó dos nuevos antecedentes. Asegura que tras la destitución de Barra como Seremi de Vivienda en julio de 2009, se le adjudicó un contrato en agosto del mismo año desde la Subsecretaría de Previsión Social, por más de 12 millones de pesos, ganando la propuesta por sobre expertos internacionales. (Ver documento de la adjudicación)

Y por otro lado, recordó que cuando fue director del Fosis, hubo también cuestionamientos en torno a su administración. “También hay que recordar que cuando hubo una estafa al fisco, en el Fosis, hubo una causa en Viña del Mar cuando el director regional era César Barra”, indicó Trigo.

Desde el gabinete del gobernador de Quillota informaron que no se referirán al tema.

Por otra parte, en redes sociales se ha cuestionado además, que el nombre de César Barra aparezca entre los deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario, ayuda financiera que recibió cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Valparaíso. En el documento elaborado por el Consejo de Rectores, Barra aparece con una deuda de 40,58 UF, es decir, cerca de 956 mil pesos.