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Caso corrupción en Arica: Postergan hasta el 20 de mayo inicio del juicio oral

Archivo | Agencia UNO
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El Tribunal de Garantía de Arica resolvió postergar hasta el 20 de mayo el inicio del juicio oral en el marco del llamado caso “corrupción pública”, en que se indagan los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita.

La decisión fue adoptada luego que Miguel Soto, abogado patrocinador de uno de los principales imputados, el ex alcalde Waldo Sankán, anunciara su renuncia y la Fiscalía solicitara una audiencia para decidir el futuro del juicio oral que debía comenzar el jueves 20.

En lugar de Soto asumió Alejandro Cox, quien este miércoles pidió al tribunal aplazar el comienzo del juicio oral en cinco meses.

Sin embargo, la instancia desestimó la solicitud y luego del debate encabezado por el Fiscal Jefe Carlos Eltit, destinó un plazo de 60 días para iniciar la etapa judicial.

A la audiencia fue citado el abogado Miguel Soto, a fin de dar cuenta de su renuncia al patrocinio y del cumplimiento de sus obligaciones con su representado.

Soto en febrero pasado había solicitado la postergación del juicio dada la realización paralela del Caso Muebles en el que también tenía participación, pero su petición también fue desestimada por el Tribunal de Garantía.

EL CASO

Sankán junto a otras 16 personas, son acusados en el marco de la mega investigación por corrupción seguida en Arica, por presuntos delitos de lavado de dinero, fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita, entre otros, y por los que se arriesga una suma de 221 años de presidio.

La Fiscalía presentó acusación luego que durante la investigación surgieran antecedentes que indican que presuntamente Sankán mientras se desempeñaba como alcalde de Arica, junto a ex concejales y otros funcionarios municipales, acordaron favorecer a un empresario local para que se adjudicara licitaciones de forma fraudulenta, obtener así beneficios económicos, y posteriormente los servicios contratados se brindaban de forma parcial, o incumpliendo lo pactado en los contratos.

Por estos delitos se estima un movimiento de proyectos de la Municipalidad por sobre los tres mil millones de pesos.

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