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Uruguay aprobó ley que castiga con cárcel a empleadores que descuiden seguridad de trabajadores

Imagen de Archivo | Pablo Vera/AgenciaUno
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El Senado uruguayo sancionó el martes, solo con los votos del oficialismo, una ley promovida por el sindicato de la construcción y rechazada por empresarios, que prevé penas de tres a 24 meses de prisión a empleadores que no adopten medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores.

Tras ocho horas de debate, seguido en pantalla gigante afuera del Palacio Legislativo por miles de trabajadores de la construcción, la norma -ya validada en noviembre pasado en la cámara de Diputados- fue aprobada solo con los votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda).

Según el texto, “el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”.

Durante el debate, el senador oficialista Eduardo Lorier señaló que en el país se registran más de 50.000 accidentes laborales en promedio por año y sostuvo que el año pasado se destinaron 47 millones de dólares a gastos vinculados a este tipo de accidentes.

Según Lorier, el proyecto busca “pasar del ocultamiento a la luz del día” esta temática.

La norma fue aprobada luego de meses de movilizaciones por parte del sindicato de la construcción (Sunca) y tras un intenso debate interno en el FA, donde varios legisladores se manifestaron en contra del proyecto pero finalmente resolvieron acatar la decisión de la mayoría de la coalición.

Entre los cuestionamientos a la ley está el de varios abogados constitucionalistas, que aseguran que la norma es inconstitucional.

La norma ha sido además cuestionada por las cámaras y asociaciones empresariales -que representan a los más de 260.000 empleadores del país.

“Compartimos el objetivo de trabajar por prevenir los accidentes laborales; no obstante, el presente proyecto no cumple con el fin perseguido en este sentido de bajar la siniestralidad”, aseguraron las gremiales.

Las cámaras adelantaron que se declaraban “en sesión permanente” para analizar “todas las vías que, ajustadas a derecho, correspondan para la defensa de la libertad individual de los empleadores en este país”, en alusión a la eventual presentación de recursos de inconstitucionalidad.

En cambio, para el representante del sindicato de la construcción (Sunca) Oscar Andrade, “es una ley moderada (…), constitucional y justa”, que “establece amplísimas garantías al empresariado”.

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