Un caso inusual se observa en la investigación por el asesinato de un conserje de San Pedro de la Paz. El padre de la víctima acusó al tribunal de garantía de San Pedro de no cursar las órdenes de detención en contra de los autores del crimen. El fiscal a cargo del caso confirmó que el juzgado rechazó la medida por una particular interpretación de la ley.
Roberto Andrés Sáez Rosales, de 32 años, fue asesinado la madrugada del domingo 16 de febrero, en un callejón que conduce a la parte posterior de su domicilio, en la población Los Canelos, en San Pedro Viejo, cerca de la avenida Michimalonco.
Compartía de noche con un amigo cuando surgió una disputa verbal con un hombre domiciliado en las cercanías, el que regresó después junto a otros dos desconocidos, a bordo de un automóvil. Lo golpearon y apuñalaron provocando su muerte en el lugar.
La Brigada de Homicidios tomó el caso y desde entonces nada más se supo de los avances, criticó el padre de la víctima, Roberto Sáez. Aseveró que todos saben quiénes son los asesinos de su hijo, los que se pasean campantes por el barrio, jactándose de su impunidad.
Agregó un aspecto llamativo: indicó que tras conversar con el fiscal Paolo Muñoz entendió que la jueza del tribunal de garantía de San Pedro no dio curso a las detenciones.
La situación es inusual. Ocurre que la Brigada de Homicidios identificó a los asesinos, el fiscal Paolo Muñoz cursó las órdenes de detención, pero el tribunal de garantía las rechazó por una particular interpretación de la ley, apuntó el persecutor penal.
El juzgado no dio lugar a la orden de detención por creer que a las audiencias de formalización las personas no pueden llegar detenidas sin que previamente se les haya citado.
Esa interpretación que hace el tribunal de San Pedro, aseguró Muñoz, no lo hace otro en la provincia de Concepción.
Ahora el fiscal solicitará una audiencia en carácter de urgente para fijar la formalización, esperando que los acusados no se escapen y lleguen al tribunal por su propia voluntad.
