Un grupo de 800 pescadores, tripulantes y algueras de distintas caletas del Gran Concepción presentaron una querella criminal, denunciando que quienes cobraron las indemnizaciones por el derrame de petróleo en San Vicente el 2007 se habrían apropiado de parte de los dineros.
Fueron varias demandas las presentadas contra el Estado en nombre de afectados por el desastre en la bahía el año 2007. Las acciones legales las lideró Dorka Benavides, quien, no obstante no es abogada, lidera un grupo de profesionales, pero es ella quien se relacionó con las supuestas víctimas.
800 de los afectados presentaron una querella en el Juzgado de Garantía de Concepción, denunciando que tras el acuerdo extrajudicial con las compañías de seguros de ENAP, sólo recibieron montos muy por debajo de lo comprometido, sospechando que habría una apropiación indebida, según explicó el abogado querellante, David Ravenna, al referirse a la acusación contra Dorka Benavides.
Una de las denunciantes es Milagros Veloso, dirigenta de las algueras de la isla Santa María, quien indicó que Benavides les cobró hasta 20 mil pesos por persona para incluirlos en las demandas. El resultado de esa acción legal contra ENAP fue el pago de alrededor de 300 mil pesos, muy por debajo de lo comprometido, pero además nunca se habría cumplido con otros dineros que habrían sido incluidos en el acuerdo extrajudicial.
La querella, que incluye a pescadores, algueras y tripulantes de caletas de Talcahuano, Coronel y la Isla Santa María, debe ser acogida a trámite por el Juzgado de Garantía penquista, antes de ser remitida a la Fiscalía para el inicio de la investigación.
