La Contraloría General de la República evacuó el Informe de Investigación Especial Nº 10 que contiene los resultados de la indagatoria efectuada en la Subsecretaría del Interior. Esto tras el llamado escándalo por el “Caso Sobreprecios”, que afectó a las adquisiciones de equipos antidrogas que se compraron a través del plan gubernamental “Frontera Norte”.
El informe de 59 páginas, firmado por el contralor Ramiro Mendoza y al que accedió en exclusiva Radio Bío Bío, indica que se cursaron observaciones menores a la Subsecretaría del Interior respecto a temas administrativos, los cuales recomiendan corregir en futuras licitaciones.
También a lo largo de la investigación la Contraloría, según el informe, estableció que tras las entrevistas a los miembros de la comisión evaluadora (Interior, Carabineros y PDI), se encontraron con declaraciones contradictorias de los funcionarios públicos. Evidente es el caso de lo que ocurre con el comandante y jefe por aquel entonces del OS-7 de Carabineros, René Martínez.
El documento, además, instruye que se continúe el sumario amplio del órgano contralor para que se busque e identifiquen las responsabilidades de todos los funcionarios que participaron en el proceso, incluyendo las filas de Carabineros.
Otro aspecto que se zanja a través de este informe es que se reportaron pruebas de campo con densímetros que nunca se realizaron. Pese a esto se falsearon los datos e información.
Ramiro Mendoza en el escrito anunció que el proceso investigativo que se concluyó a la Subsecretaría del Interior será remitido al Ministerio Público para su evaluación en el proceso legal que persigue dicha entidad.
En 2012, cuando se hizo público el escándalo que llevó a que el subsecretario Rodrigo Ubilla denunciara a la Fiscalía los hechos, el comandante de Carabineros René Martínez reconoció que el ex jefe de proyectos de la Unidad de Estudios de Interior, Felipe Baeza, le pidió en 2011 un presupuesto antes que se redactaran las bases de licitación para la compra de los detectores de droga.
Sin embargo, el funcionario policial no notificó que copió un correo con planilla excel que le envió el dueño de Tecnodata, Alfredo Giacomán, ahora indagado en los hechos. El documento fue publicado y en éste se incluyeron los sobreprecios a los equipos.
Tecnodata, tras hecha pública la licitación en Chile Compra, se la adjudicó en menos de 2 minutos, la cual contenía como objetivo vender densímetros y fibroscopios por un monto de $1.834 millones.
Según reveló Ciper en su oportunidad, el Ministerio del Interior pagó por cada densímetro $23,4 millones a un intermediario, pese a que en Estados Unidos se venden en $4,3 millones. También se adquirieron hornos para incinerar sustancias y “furgones equipados con escáner que no funcionan como estaba previsto”. El monto global involucrado en estas adquisiciones se eleva a $4.104 millones.
El escándalo le costó la salida al ex fiscal del Caso Bombas, Alejandro Peña, quien ocupaba hasta ese entonces el cargo de jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior, además de Felipe Baeza, el funcionario a cargo de la licitación del plan.
Durante la investigación se aportaron antecedentes como el del empresario estadounidense de origen argentino Hugo Federico, que en conversación con Radio Bío Bío reconoció que presentó sus reclamos en Interior. Esto, porque a su empresa -Phoenix- la habían dejado fuera del concurso para vender detectores de droga producto de los nexos que habría tenido Tecnodata con funcionarios públicos.
Federico en esa oportunidad reconoció haber sido socio de Alfredo Giacomán, lo que terminó cuando se percataron en Estados Unidos que éste “inflaba” los precios de venta en Chile, además de tener “actitudes extrañas”, según dijo en su oportunidad el empresario extranjero. En esa línea Hugo Federico declaró haber recibido llamados del comandante de Carabineros René Martínez, con la finalidad de que volviera a entregar la representación de su marca a Giacomán.
En tanto al interior de la Subsecretaría del Interior respiran tranquilos, ya que el informe se conoce a 3 días de que su titular, Rodrigo Ubilla, entregue el cargo a su sucesor Mahmud Aleu, y avala los pasos que dio a fines de 2012 la autoridad. Además lo exculpa de responsabilidades penales en uno de los intento de fraude al Fisco, más importante de los últimos años.
Durante la tarde de este miércoles, Carabineros de Chile envío una carta a BioBioChile planteando sus reparos respecto a la información publicada en esta noticia sobre el caso Sobreprecios, indicando lo siguiente:
Sr. Director:
Respecto a la publicación en el sitio web titulada “Caso Sobreprecios: Contraloría exculpa al Gobierno y pone en la mira a Carabineros”, creo pertinente señalar que su redacción incurre en reiteradas ocasiones en interpretaciones del informe de investigación especial nº 10 de la Contraloría General de la República, que no sólo no observan los parámetros del periodismo serio e informativo, sino además parecen responder a un afán premeditado de denostar la imagen de la institución.
Para mayor claridad de lo que expongo, en cuanto al planteamiento de la existencia de declaraciones contradictorias, me permito señalarle no sólo la ausencia en el pronunciamiento aludido de menciones que permitan sostener esa afirmación, sino también que la redacción del artículo plantea que las supuestas contradicciones serían “evidentes” en el caso de un comandante de Carabineros, logrando con ello inducir en el lector la idea de que dicha situación tendría mayor expresión en dicho caso, para lo que no existe fundamento en el texto reseñado.
Además, se pretende dar por sentado la existencia de responsabilidades administrativas en los procesos de licitación para la adquisición de los denominados “equipos antidrogas”. Al respecto, cabe hacer presente que Carabineros de Chile no fue la entidad licitante del proceso cuestionado y, por ende, no le correspondió su formulación y control, como tampoco su ejecución, como el mismo documento en cuestión lo reconoce.
Es más, el único reparo que, tangencialmente, se formula a la institución, dice relación con “omitir los procesos formales de consultas o reuniones con proveedores, mediante llamados públicos y abiertos, convocados a través del sistema de información”, lo que se relaciona con la información solicitada del equipamiento y sus precios a diversos proveedores conocidos por parte de un oficial de Carabineros.
Así también, al avanzar la nota se indica que dicho documento “instruye que se continúe el sumario amplio del órgano contralor para que se busque e identifiquen las responsabilidades de todos los funcionarios que participaron en el proceso, incluyendo las filas de Carabineros”. En dichas líneas, no obstante la Contraloría es clara al indicar que los objetivos del sumario son en relación a todos los funcionarios que participaron en el proceso, nuevamente la redacción de Radio Bío Bío centra la atención en Carabineros.
Lo referido respecto a los párrafos previamente citados también ocurre en el título de la nota, ya que afirmar que la Contraloría “pone en la mira a Carabineros” en el contexto del caso conocido como “Sobreprecios”, es una mera elucubración, ya que dicho informe lo que hace es instruir para que se continúe el sumario amplio del órgano contralor, y en ningún caso establece, por ejemplo, un sumario específico para Carabineros.
Finalmente, es pertinente consignar que la Institución seguirá colaborando en este asunto en todo aquello que se le requiera por parte del Órgano de Control, como ya da cuenta el informe de investigación en comento.
Alex M. Chavan Espinosa
Teniente Coronel de Carabineros
Jefe Departamento de Comunicaciones de Carabineros
2º Jefe Depto. Com. Sociales
Pese al comunicado de Carabineros, señalar que el informe de la Contraloría señala lo siguiente:
“Asimismo, cabe representar que de los informes entregados por esa Subsecretaría del Interior, consta la declaración del señor René Matínez Cuneo, Coronel Jefe del Gabinete de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, quien en virtud de su participación en las aludidas mesas de trabajo, expresó, que se solicitó información del equipamiento y sus precios a diversos proveedores que ya conocían”.
“Sobre las situaciones expuestas, es dable observar que Carabineros de Chile, sin perjuicio de no ser la entidad licitante, no dio cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 13 bis del reglamento de la señalada ley Nº 19.886”.
“Del mismo modo, la Subsecretaría del Interior al solicitar a la institución policial la información del equipo, omitió haber velado por el estricto acatamiento de la legalidad de los procedimientos formales de consulta contemplados en la normativa señalada”.
“Sin perjuicio de lo anterior, esa repartición deberá implementar las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de las situaciones observadas, lo cual será objeto en una futura auditoria de este Ente Control”.
