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Los problemas en el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior

David Von Blohn | Agencia Uno
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El 4 de junio de 2012, el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior. El proyecto de ley pretende generar un único sistema de financiamiento estudiantil basado en créditos estatales que termina con la dualidad existente, en la que coexisten 2 sistemas distintos: el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estos sistemas presentan condiciones diferentes en términos de tasas de interés, formas de determinación de las cuotas y plazos de devolución, entre otros. El acceso al sistema FSCU, con condiciones más ventajosas para los estudiantes, está restringido a las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades de Chile (CRUCH), mientras que al CAE pueden postular estudiantes de todas las universidades acreditadas.

El proyecto de ley presentado por el Presidente pretende eliminar imperfecciones en el actual sistema de financiamiento, debido a que, primero, genera “diferencias odiosas”, que no tienen sustento real, entre los estudiantes que participan del FSCU y del CAE; segundo, el CAE tiene mecanismos que no dan debida cuenta del riesgo asociado al endeudamiento, si el estudiante tiene una mala inserción laboral una vez terminados sus estudios; tercero, el subsidio del Estado solo cubre una parte del costo efectivo de la carrera (arancel de referencia), quedando una demanda por financiamiento no cubierta constituida por la diferencia entre el arancel efectivo y el arancel de referencia; y cuarto, el sistema de recuperación de préstamos presenta alta morosidad, lo que eleva los costos para el Estado.

El sistema que se propone en el proyecto de ley solo diferencia a los estudiantes por la necesidad socioeconómica de sus familias, sus méritos académicos, y la calidad de la institución a la que ingresan. La iniciativa genera un sistema único de créditos para todos los estudiantes e instituciones de educación superior que cumplan con algunos requisitos.

Para las universidades, los requisitos son: ser reconocidas por el Estado y estar acreditadas por, a lo menos, 3 años; que seleccionen a sus alumnos de primer año en base a criterios académicos objetivos y transparentes; y que, en caso de recibir aporte fiscal directo, este sea utilizado para fines de desarrollo institucional.

Para los estudiantes los requisitos son: provenir de una familia con condición socioeconómica que amerite financiamiento; estar matriculado en una institución de educación superior y haber ingresado a esta probando mérito académico; y demostrar buen rendimiento durante la carrera.

Entre las condiciones del crédito se encuentra una tasa de interés real anual de 2%, el crédito se comienza a devolver una vez egresado y en 180 cuotas mensuales. La cuota se calcula en forma ascendente de acuerdo al nivel de ingreso, pero en ningún caso puede ser superior al 10% del ingreso anual del deudor.

Si después de pagar las 180 cuotas calculadas de esta forma, aún existe un remanente sin amortizar, este se condona. También se establece la obligación para las instituciones de educación superior, que quieran acceder al crédito, de entregar un crédito completo en iguales condiciones o beca completa por la diferencia entre el valor del arancel efectivo y el de referencia a todos los estudiantes de familias provenientes de los dos primeros quintiles de ingreso, y de al menos 50% de esta diferencia para los estudiantes de familias del tercer quintil.

Finalmente, se pretende reducir la morosidad en el sistema de crédito, incorporando a la Tesorería General de la República en la administración del mismo.

Se indica en la propuesta que asociadas a esta reforma del sistema de financiamiento de la educación superior se encuentra una reforma que extiende las becas que entrega el Estado, una reforma al cálculo del arancel de referencia, y la generación de un sistema único de acreditación socioeconómica de los estudiantes.

Si bien parece loable la idea expresada de allanar el camino para que los estudiantes reciban aporte estatal de acuerdo a su situación socioeconómica, mérito académico y calidad de la institución de educación superior que los acoge, el proyecto presenta una serie de lagunas en la forma como esto se puede alcanzar y carece de una visión de conjunto del funcionamiento del sistema de educación superior, donde el sistema de crédito estudiantil solo es un elemento más, que debe estar en concordancia con el resto de los elementos para que efectivamente el sistema funcione de acuerdo a lo programado.

Primero, el proyecto elude la discusión sobre el financiamiento gratuito de la educación superior. Esto parece extraño después del enorme debate que ha habido en el país sobre el punto. Se hace una breve referencia a que las propuestas disponibles en 2011 no defendían una política de gratuidad. En otra sección se critica que el sistema de recuperación de créditos, por su alta morosidad, se parece a un sistema gratuito.

Pero el gran debate sobre la forma que debe tomar el financiamiento de la educación superior en Chile, sistema gratuito versus sistema de préstamos, o alguna de sus combinaciones, no es abordado en el proyecto. Esto debe ser considerado como una debilidad fundamental del proyecto, porque no se puede discutir el esquema de financiamiento de crédito estudiantil sin antes dirimir el sistema en que se va a desarrollar este financiamiento.

Otra forma de verlo es asumir que el proyecto supone que el sistema de financiamiento adecuado en lo fundamental incluye el crédito estudiantil, y en este sentido mantiene todas las limitaciones de este sistema. El hecho de que no se integre la discusión sobre el componente de becas en el proyecto y no se discuta el financiamiento en forma integrada es en sí una limitación.

También lo es que este proyecto no se aborde en el contexto del financiamiento global de la educación superior chilena, y de la distribución entre aportes basales y subsidios a la demanda por parte del Estado de Chile.

Segundo, no se puede discutir un elemento del sistema de educación superior sin antes tener claridad sobre otros aspectos en los cuales descansa implícitamente este proyecto. Un ejemplo es el sistema de acreditación universitario. Para implementar la idea de entregar crédito al alumno basado en la calidad de la institución que lo acoge, se requiere tener claridad sobre cómo se establece la calidad de dicha institución.

Antes de resolver esto, no tiene sentido plantear un proyecto que asume que conocemos la calidad de la educación entregada por las instituciones de educación superior, y sin entrar en la discusión de lo que, como sociedad, vamos a entender por educación de calidad y qué requisitos le vamos a poner a las instituciones para que sean reconocidas como instituciones de excelencia.

Otro ejemplo es qué se entiende por mérito académico del alumno. El proyecto es vago sobre este punto y solo hace referencia a que las instituciones deben seleccionar a sus alumnos de primer año en base a criterios académicos objetivos y transparentes. Hoy las universidades asociadas al CRUCH tienen la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para definir lo que van a entender por mérito académico.

Es discutible si este instrumento es la métrica adecuada para medir mérito académico, y de hecho existe un debate en el país sobre esto. Pero al menos es un criterio claro. Sin embargo, para las universidades que no participan de este sistema, y para los Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales, no existe ningún sistema universalmente aceptado. La gran pregunta es qué se va a entender por mérito académico en esa situación, y en el caso de las universidades que no participan de la PSU, cómo se va a homologar con la PSU.

Probablemente, van a existir tantas definiciones como universidades no participantes de la PSU. En este sentido, se puede decir que el proyecto es al menos extemporáneo, al intentar definir criterios de asignación de recursos sin antes tener una forma consensuada de cómo medir estos criterios.

En resumen, para que la discusión de un proyecto de estas características sea fructífera y se genere una ley que refleje la discusión que ha habido en Chile sobre educación superior, se requiere aclarar los pilares básicos donde va a descansar el sistema de educación superior en Chile. También se requieren definiciones previas de varios aspectos que le dan su soporte al sistema de financiamiento. En este sentido, el mejor destino de este proyecto es permanecer guardado hasta que esta discusión haya sido completada.

Dr. Jorge Dresdner Cid
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad de Concepción
nuevarectoriaudec2014.cl

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