Una veintena de demandas fueron presentadas en los últimos días en los tribunales de Concepción, por familiares de víctimas fatales del tsunami, al cumplirse el plazo de cuatro años que contempla la ley antes de que prescriba una eventual responsabilidad civil.

Son 19 las demandas interpuestas, la mayoría ya notificadas al Consejo de Defensa del Estado, a las que se suman otra docena de acciones legales que se tramitan desde hace un tiempo, coincidiendo todas en responsabilizar al Estado por las 46 muertes que produjeron las olas del tsunami en el sector costero de la Región del Bío Bío.

Se trata de casos como el de Guillermo España, alcanzado por el tsunami en la Ruta Interportuaria en Talcahuano, el de cinco miembros de una familia mapuche que falleció en la desembocadura del río Paicaví en la comuna de Cañete. Otro es el de Gabriela Aliste, quien falleció en Dichato. La familia de esta última es representada por el abogado Adolfo Ortega, quien resumió el principal argumento en la denuncia contra el Estado y que se repite en la mayoría de las demandas.

El alto número de demandas es atribuida al hecho de que este 27 de febrero, se prescribía la eventual responsabilidad civil del Estado respecto de las muertes, explicó Enrique Hernández, abogado de la viuda de Guillermo España.

Charlie Dunn, padre de una de las víctimas fatales de Dichato, subrayó en que es clara la resposanbilidad del Estado en las muertes a causa del tsunami.

Las indemnizaciones piden el pago de miles de millones de pesos, aunque como lo señaló la abogado Cynthia Tapia, más que litigar por años en los tribunales, lo que se busca con las demandas es una mesa de negociación con el Consejo de Defensa del Estado.

La demanda a la que se refería la abogada es la fallada por la Corte Suprema en diciembre pasado, la única acogida por los tribunales hasta ahora, y que ordenó al Fisco a pagar 55 millones de pesos a la familia de Mario Ovando Garcés, quien murió en Talcahuano.