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España entregará a Perú a presunta miembro de Sendero Luminoso requerida por más de 40 muertes

Audiencia Nacional de España / www.abogacia.es
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La justicia española accedió este miércoles a entregar a Perú a la presunta miembro del grupo guerrillero Sendero Luminoso, María Hilda Pérez Zamora, reclamada por su supuesta participación en varios atentados en los que habrían muerto más de 40 personas, según un auto judicial hecho público este miércoles.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, acordó la extradición Pérez Zamora, a la que la justicia peruana acusa de “haber participado en diversos actos terroristas” entre diciembre de 1989 y diciembre de 1992 en los que murieron 44 personas entre civiles, militares y policías.

Entre estos ataques figura una emboscada a una patrulla del ejército peruano, en la que murieron nueve soldados en 1991.

En el auto, fechado el 18 de febrero, los magistrados de la Sala rechazan los argumentos presentados por la defensa de la detenida en la vista de extradición celebrada el 10 de febrero.

En este contexto, niegan que pueda haber una confusión de identidades y que algunos apodos que se le atribuyen como “Nadia” o “Noemi” pertenezcan a otras personas sentenciadas como miembros de Sendero Luminoso, como su hermana, que cumplió quince años de cárcel, tal como había afirmado su defensa.

Los jueces españoles consideran que “hay coincidencia entre los datos de identidad de la persona reclamada y los de la persona que ha sido detenida en España”.

La Sala también respalda la opinión de la justicia peruana de que los delitos de los que se le acusa no se pueden considerar prescritos, puesto que, aunque se remontan a 1989, la denuncia no se formuló hasta 2003 y no se identificó y relacionó a Pérez Zamora con los mismos hasta 2008.

Por último, los magistrados consideran que se cumplen el resto de requisitos para la extradición, ya que “los hechos objeto de la reclamación no constituyen un delito político ni hay una motivación espuria”.

Pérez Zamora, detenida el 9 de mayo de 2011 en virtud de una orden de detención internacional, había pedido asilo político en 2013. Sin embargo, los magistrados españoles consideran que esta petición “no es obstáculo” para resolver favorablemente su extradición a Perú.

Cabe destacar que tras la autorización judicial, la decisión final sobre la entrega de la detenida la tendrá el gobierno español.

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