El ministro Carlos Aldana accedió a la solicitud del Programa de Derechos Humanos y reabrió el sumario por la muerte de Fernando Álvarez, el intendente del Bío Bío al momento del golpe militar de 1973.

La petición de la abogada Patricia Parra se oponía al fin de la investigación, decretado por el juez a cargo de causas por violación de derechos humanos en Concepción, argumentando que existía una diligencia pendiente.

La profesional del Programa de Derechos Humanos puntualizó que se accedió a esa pesquisa, ordenando al Servicio Médico Legal un metaperitaje respecto a las causas de muerte de Álvarez.

Hasta ahora, en la causa hay dos procesados por el delito de apremios ilegítimos -los oficiales en retiro de Carabineros, Sergio Arévalo, y del Ejército, José Puga- y según los peritajes particulares que deberá analizar el Médico Legal -a través de una comisión de expertos- esas torturas son el detonante de la muerte del último intendente de la Unidad Popular.