Amnistía Internacional pidió este martes al gobierno de México que garantice que las autodefensas, milicias civiles armadas que combaten desde hace un año al narcotráfico en la región de Michoacán (oeste), respeten las normas internacionales de derechos humanos.
La ONG, con base en Londres, difundió el martes un memorándum enviado al presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la primera visita a México de su secretario general, Salil Shetty.
El gobierno mexicano “debe asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como los grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de otras violaciones de derechos humanos”, señaló Amnistía Internacional en el texto, que hace un balance de los retos del país en derechos humanos.
Las autodefensas se formaron en comunidades rurales de Michoacán bajo el argumento de que las autoridades no actuaban para defender a la población de las extorsiones, secuestros y asesinatos a manos del cártel local Los Caballeros Templarios.
En los últimos meses, las autodefensas se han ido haciendo con el poder de numerosos municipios de Michoacán. En enero, el gobierno llegó a un acuerdo con los líderes de las milicias para que sus integrantes se puedan incorporar a un cuerpo legal de seguridad y mantener sus armas, aunque antes deben registrarlas ante las autoridades.
“Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta” a la “negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social y derechos humanos”, alerta Amnistía Internacional.
En cuanto a la situación general de los derechos humanos en México, la organización internacional advierte que muchas zonas del país siguen padeciendo una “alarmante situación de inseguridad” y que las consecuencias del despliegue militar contra el narcotráfico lanzado por el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006 “han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones”.
“Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitraria, continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma”, subraya la ONG.
Además de Michoacán, en regiones como Veracruz (este), Guerrero (sur) y las fronterizas Coahuila (norte), Chihuahua (norte) y Tamaulipas (norte) la violencia y las violaciones a los derechos humanos “son una amenaza diaria para la población” pero reciben “poca atención” de las autoridades.
El presidente Peña Nieto defiende la estrategia de seguridad de su gobierno y ha asegurado que los niveles de violencia se redujeron el año pasado.
Salil Shetty tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa este martes sobre el balance de su visita a México.
