El Programa de Derechos Humanos, organismo dependiente del Ministerio del Interior, se opuso al cierre del sumario por la muerte del último intendente de la Unidad Popular en el Bío Bío, Fernando Álvarez.

El fin de la investigación fue decretada por el ministro Carlos Aldana, a cargo de las causas por violaciones de derechos humanos, al estimar que se habían agotado las diligencias y sin individualizar a los responsables de la muerte de la ex autoridad.

Justamente esto último es el objetivo del Programa de Derechos Humanos al pedir la reapertura del sumario; probar que quienes aparecen procesados hoy sólo por el delito de torturas -los oficiales en retiro de Carabineros, Sergio Arévalo, y del Ejército, José Puga- fueron los responsables también del asesinato del intendente Álvarez.

Por ello es que la abogada Patricia Parra pidió una serie de diligencias, solicitud que deberá ser resuelta por el ministro Aldana.