Fue cerrada la investigación por la muerte de Fernando Álvarez, el último intendente del gobierno de Salvador Allende en la región del Bío Bío.
La resolución la dictó el ministro Carlos Aldana, a cargo de las causas por violación de derechos humanos, al estimar que se habían agotado las diligencias y sin individualizar a los responsables de la muerte de la ex autoridad.
Están procesados en el sumario, aunque sólo por el delito de torturas contra Álvarez, los oficiales en retiro de Carabineros, Sergio Arévalo, y del Ejército, José Puga.
El abogado querellante Adolfo Montiel, quien representa a la familia del ex intendente de la Unidad Popular, deslizó la posibilidad de presentar una acusación que solicite modificar los encausamientos por apremios ilegítimos con resultado de muerte.
Para Montiel es una paradoja que el ministro Aldana cierre el sumario con procesamientos por aplicación de tormentos sin resultado de muerte, al asegurar que está probado en el expediente que fueron las torturas las que produjeron la muerte de Fernando Álvarez.
En la causa es parte también el Programa de Derechos Humanos, que tiene hasta el sábado para oponerse a la resolución del ministro en visita y pedir la reapertura de la investigación.
