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Denuncian irregularidades en el Poder Judicial: cámaras que no graban de noche y pagos de corretaje

Pedro Cerda | Agencia UNO
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Una serie de irregularidades fueron denunciadas por dos ex funcionarios de la Unidad de Finanzas y Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), quienes fueron removidos de su cargo al ser calificados en lista de deficiente tras un recurso de acoso laboral.

Ambos acusaron que la CAPJ licitó un contrato de $761.288.622 para la instalación de 1.111 cámaras de seguridad en los tribunales del país, las que no graban de noche ni bajo poca luminosidad.

El hecho es cuestionado ya que el adjudicante, TYCO Service, aún no realiza lo comprometido que debía concluir el 29 de abril de 2013, hecho que hasta noviembre pasado no ocurría. Además, el Poder Judicial no hizo cobranza de las boletas de garantía, siendo solicitado $220 millones más para consultoría y arreglo de la deficiencia.

“Se determinó que no hay pérdidas, porque el equipamiento en útil, pero debe funcionar con instalaciones complementarias, como un software y canales de interconexión”, aclaró a El Mercurio el director de la CAPJ, Antonio Larraín.

Las otras irregularidades

Otra irregularidad es la licitación de más cámaras de seguridad para el Palacio de Tribunales, luego del robo de una placa en Bandera 340. Ello por la licitación sin presupuesto de un contrato de más de $157 millones. Si bien la Unidad de Finanzas no autorizó el pago, Larraín explicó que se consiguió con Hacienda tras una flexibilidad.

Además de las cámaras, se denuncian charlas de la abogada Paulina Gómez por el proyecto de Unicef a hogares de menores, lo que fueron pagados por $1.300.000 cada una, siendo solicitadas catorce y quedando pendiente otras dos. Por esto se abrió un sumario y se pidió la devolución del dinero.

También se acusa una investigación disciplinaria por la pérdida del ISO 9001:2008, mientras que los ex funcionarios se encontraban con licencia por “hostigamiento laboral”, según informó el matutino.

Finalmente se cuestiona la continuidad de uso de corretajes para el pago y arriendo de terrenos para tribunales, pese a que en 2011 la CAPJ determinó no hacerlo. En este caso, el director dijo que han sido autorizados ante una “política del mercado”.

Por todo lo anterior, la Corporación debe evaluar el envío o no de estos antecedentes a Fiscalía para su indagación correspondiente.

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