La Asociación de Gendarmes denunció que defensora penal estaría cobrando a internos para conseguir el traslado de cárcel mediante denuncias por golpizas. El defensor regional en el Bío Bío informó que ese antecedente ya había sido descartado a través de un sumario administrativo, llamando a los funcionarios del organismo penitenciario a terminar con la violencia contra los presos.

En un informe enviado por Gendarmería a la Corte de Apelaciones de Concepción se señaló que el reo denunciante de una golpiza, Braulio Morales Ariztía, había declarado que la defensora penal Aileen Guzmán le estaba cobrando por conseguir su traslado desde el penal Bío Bío a una cárcel de la Quinta Región.

Con ese antecedente llegó a la Defensoría Regional el director de la Asociación de Gendarmes de Concepción, Pedro Olivares, para pedir una investigación administrativa por la presunta irregularidad.

Sin embargo, la situación, que ya estaba en conocimiento del defensor regional, Osvaldo Pizarro, había sido descartada a través de un sumario, en el que se determinó que Braulio Morales -analfabeto- nunca imputó la acusación en contra de su defensora penitenciaria.

La presentación de la Asociación de Gendarmes sigue al último recurso de amparo fallado por la justicia penquista, constatando la golpiza por parte de funcionarios a un preso. Sobre esto, el dirigente Pedro Olivares indicó que los internos de las cárceles de Concepción están denunciando falsos episodios de violencia y engañando a los jueces, sólo con el objetivo de obtener el traslado a sus penales de origen.

Al respecto, el jefe de la Defensoría Regional recordó que para fallar los amparos, los ministros se valen de antecedentes requeridos a distintos organismos, como el Servicio Médico Legal y Gendarmería, entre otros.

Desde el año pasado la Defensoría y el Instituto de Derechos Humanos han denunciado una docena de incidentes de violencia en El Manzano y el penal Bío Bío, ordenando la Corte de Concepción y la Suprema a Gendarmería a que ajuste sus procedimientos a lo que estipula la ley y los tratados sobre derechos humanos.