En 180 días se extendió el plazo de investigación en la audiencia que fue formalizado el ex fiscal del Ministerio Público en Puerto Montt, Sergio Coronado, cuya investigación se encuentra a cargo del Fiscal Regional de Los Ríos, Rafael Mera, quien fue designado por el Fiscal Nacional. Coronado, es acusado de apremios ilegítimos en contra de quienes prestaron declaraciones dentro del caso de Mariela Barra.

Por más de dos horas se mantuvo la audiencia de formalización del abogado, Sergio Coronado, en la primera sala del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, que en primera instancia se declaró incompetente para formalizar a los funcionarios de Carabineros implicados en el caso de la desaparición de Mariela Barra.

Según lo expresado por el abogado de la Defensoría Penal Pública, Álvaro Espinoza, esta entidad se adhiere a la incompetencia decretada por el tribunal, siendo esto remitido a Fiscalía Regional de Los Ríos que lleva dicha investigación para posteriormente remitir estos antecedentes ante el Tercer Juzgado Militar.

Respecto a los antecedentes presentados por la parte querellante, se mantiene la premisa de que quienes prestaron declaraciones en la oficina del ex fiscal, fueron torturados de forma física y psicológica, sindicando a Milton Hernández en calidad de imputado y a Lilian Levipichún en calidad de testigo y las hijas de esta última, como víctimas de un procedimiento de un interrogatorio irregular que habría guiado Sergio Coronado, en conjunto con los uniformados acusados, anunció el abogado querellante de esta causa, Pablo Sanhueza.

Ante esto se solicitaron tres medidas cautelares por el Ministerio Público: arraigo nacional y provincial, firma semanal y la prohibición de acercarse a las víctimas y por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se solicitó la prisión preventiva por el delito de tortura, medidas que fueron desestimadas por el tribunal.

A raíz de estas acusaciones, la defensa de Sergio Coronado, el abogado Javier Jara, no aceptó lo estipulado en querella, ya que no existe un relato probatorio de agresión hacia ninguna de las personas mencionadas.

Además, acreditó que habían antecedentes suficientes para aclarar que no existen pruebas para acusar sobre estos ilícitos al abogado Coronado.

Finalmente, la Jueza de Garantía, Mónica Sierpe, decretó un plazo de 180 días para realizar la investigación, más la desacumulación de las causas, ordenando de esta manera una investigación previa, sin medidas cautelares.