La Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, formuló nuevos cargos en el marco de la investigación por el denominado “caso cascadas”.

El organismo regulador imputó a las corredoras de bolsa Larrain Vial y Banchile, además de Citigroup Global Markets y a Asset Management Chile, por presuntas infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

El superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, cumplió con lo señalado el martes de la semana pasada, cuando reafirmó que habría una segunda etapa de formulación de cargos en el denominado “caso cascadas”.

A Larrain Vial Corredora de Bolsa y a sus ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz se les imputan tres infracciones a la Ley de Mercado de Valores; a Leonidas Vial, presidente de la compañía y vicepresidente de la Bolsa de Comercio, se le acusa de infringir el artículo 53 de la misma normativa.

Por idéntica falta se imputó a Banchile Corredora de Bolsa y a su gerente de inversiones, Cristián Araya; a Citigroup Global Markets y a su representante legal, Fabio Gheilerman; a Asset Managemente Chile y a su representante Canio Corbo; y a Alberto Le Blanc, controlador de Inversiones Transcorp.

Mauricio Daza, abogado querellante del caso, destacó las nuevas formulaciones, asegurando que son consistentes con los cargos levantados contra Julio Ponce Lerou.

La Superintendencia de Valores y Seguros informó que las personas investigadas tienen entre 10 a 20 días hábiles para presentar sus descargos y solicitar, si así lo desean, la apertura de un período probatorio. Luego de esto, la SVS resolverá si absuelve, mantiene o recalifica los cargos.

Matías Zegers, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, aseguró que, independiente del curso de la indagatoria, Leonidas Vial debe dejar su puesto en la Bolsa de Comercio de Santiago.

En otra arista de este caso, la Contraloría General de la República resolvió no pronunciarse sobre el requerimiento presentado por la defensa de Julio Ponce Lerou, en donde cuestiona la legalidad de la investigación iniciada por la SVS.

“No procede en esta etapa que este órgano contralor emita el pronunciamiento solicitado”, señala el documento que, sin embargo, deja abierta la puerta para una futura revisión en la fase de alegaciones.