Una demanda por la muerte de un funcionario de Aduanas durante el tsunami de 2010 en Talcahuano fue presentada en la Corte de Apelaciones de Concepción. La familia de la víctima apunta al SHOA y a la Onemi por la demora en dar la alerta, exigiendo al Estado una indemnización de 160 millones de pesos.

Juan de Dios Gutiérrez Rioseco se desempeñaba en las oficinas de la Aduana en Talcahuano la madrugada del 27 de febrero de 2010, pereciendo ahogado a raíz de las olas que azotaron e inundaron la comuna puerto.

A menos de un mes de cumplirse el cuarto aniversario del mega terremoto y tsunami, las hijas de Gutiérrez acudieron a los tribunales para denunciar por falta de servicio al Estado, como lo explicó el abogado patrocinante de la demanda, Adolfo Ortega.

A diferencia de otras acciones legales, aquí la tesis se aleja del argumento en cuanto al llamado del entonces intendente Jaime Tohá para que la gente volviera a sus casas, descartando la posibilidad de un tsunami, apuntándose en este caso al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).

La familia de la víctima pide ahora 160 millones de pesos, como precisó el abogado Ortega:

El escrito ingresado en la Corte penquista fue derivado al Primer Juzgado Civil de Talcahuano, donde será tramitada la demanda.