En 2009, Chile realizó su primera incursión en lo que se conoce como el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos. En aquel entonces, la instancia realizó una serie de recomendaciones para superar las disyuntivas que ponían en jaque el respeto por la carta fundamental en nuestro país.
El pasado martes en Ginebra, Suiza, representantes nacionales volvieron a presentarse ante la ONU con una serie de conclusiones y avances, aunque la situación, 4 años después, parece no haber reportado grandes variaciones.
¿De qué se trata?
El EPU es un procedimiento mediante el cual enviados de los Estados miembros de las Naciones Unidas realizan preguntas, observaciones, reconocimientos e indicaciones en lo relativo a los Derechos Humanos y su adecuación a la situación del país que corresponde ser examinado.
“Es uno de los mecanismos de control que tienen las Naciones Unidas para los estados parte respecto de los tratados de Derechos Humanos y demás compromisos que han adquirido”, resume Ximena Gauche, abogada especializada en relaciones internacionales y Derechos Humanos.
La profesional, al realizar una comparación entre el Chile que se revisaba 4 años atrás y el actual, sostiene que no hay muchas diferencias. En 2009, comenta, hubo 71 recomendaciones que efectuaron 51 países, ya que el sistema funciona en base a la evaluación de los pares -lo que ha generado algunos cuestionamientos-.
Ayer, Chile ofreció los avances respecto al examen anterior, o bien dicho las recomendaciones que el Estado considera cumplidas.
“Entre ellas, la implementación del Convenio 169, la adopción de la ley antidiscriminación y la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)“, el cual podría ser considerado como el más relevante paso dado por Chile, señala Gauche.
En suma, nuestro país evidencia en términos institucionales una mejora efectiva, teniendo en cuenta la aplicación de leyes, la suscripción de tratados y la fundación del mencionado INDH. Sin embargo, en lo concreto resta mucho camino por recorrer.
Las deudas de Chile
Para la experta, falta profundizar en acciones que tengan impacto en la cotidianidad de los chilenos, como perfeccionar la legislación antidiscriminación, que hoy es poco requerida debido a diversas dificultades en su concepción.
Esto, sumado al respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que, subraya, ha desarrollado una labor reconocida a nivel interno e incluso internacional en pos de la promoción de los derechos como un órgano independiente fiscalizador de los poderes del Estado.
Pese a lo anterior, hay aspectos en los que definitivamente no se han hechos grandes esfuerzos, como los pendientes que se arrastran en materia de pueblos originarios, la aplicación de la ley antiterrorista y los derechos sexuales y reproductivos, a lo que se agregan discusiones que ni siquiera han tenido lugar de forma seria, como las relativas al aborto y el matrimonio igualitario.
No existen sanciones
La abogada aclaró que si Chile se abstiene de poner en práctica los términos señalados por la comunidad internacional, no existe ninguna sanción en el sistema del EPU a la que se exponga, puesto que los informes no tienen un valor vinculante en vista de que no emanan como sentencia de un tribunal.
No obstante, cada escrito genera un impacto y cuenta con un peso político importante. Chile no quiere figurar como incumplidor de las recomendaciones y desde esa perspectiva, resalta Ximena Gauche, el mecanismo es relevante.
Documentos
-Informe actual de situación de Derechos Humanos en Chile.
-Recomendaciones realizadas a Chile.
-Informaciones de actores interesados.
-Preguntas de los estados hacia Chile.
-Troika asignada a Chile (estados relatores de la reunión).
