La Superintendencia del Medio Ambiente realizó la inspección a la central Bocamina, ordenada por la Corte Suprema, luego de acoger un recurso de protección presentado por pescadores y algueras de Coronel por irregularidades y daños medioambientales causados por las dos unidades de la termoeléctrica.

En su fallo del 9 de enero pasado, el máximo tribunal del país instruyó que la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizara la planta de Endesa respecto de la succión de recursos hidrobiológicos y de los permisos medioambientales para operar Bocamina 1 y Bocamina 2.

Para cumplir esa orden, personal del organismo, apoyado por funcionarios de la Gobernación Marítima y de la Seremi de Salud del Bío Bío, se constituyó en la termoeléctrica el 16 de enero, entregando los resultados de esa fiscalización a la Corte de Apelaciones de Concepción.

La dirigenta de las algueras de la caleta Lo Rojas, Marisol Ortega, se mostró satisfecha de que se cumpliera con lo decretado por la justicia, aunque lamentó que se les impidiera intervenir en la diligencia.

Los que buscan las algueras y pescadores artesanales es la paralización ahora de la primera unidad de la termoeléctrica, luego que el mes pasado se ordenara la clausura de Bocamina 2 en el marco de un nuevo recurso de protección.

Las acciones legales son paralelas a un proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente, en cuyo marco se ordenó una nueva inspección a la central termoeléctrica de Endesa para el próximo 5 de febrero.