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Gobierno reafirmó rechazo a recomendaciones para legislar a favor de aborto ante Naciones Unidas

Pedro Cerda | Agencia UNO
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En Ginebra, Suiza, el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, debió rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de las más de 70 recomendaciones realizadas por el mismo organismo en 2009.

Las tareas para el país apuntaron al reconocimiento y los derechos de los pueblos indígenas, resguardar la aplicación de la ley antiterrorista, reparaciones para las víctimas de violaciones a los DD.HH. en la dictadura militar y la despenalización del aborto en algunos casos, este último ítem fue rechazado por el Gobierno.

Al igual que en aquella oportunidad, este martes el ministro Baranda desechó la temática planteada por Francia, Alemania y Suiza, entre otros, argumentando que es “en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Además defendió el trabajo a favor de la mujer.

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile, Ana Piquer, exigió “reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos”, por lo que expuso la necesidad de despenalizar el aborto, por ejemplo, en caso de violación.

En el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, además, fue planteado por Bolivia la implementación del Convenio 169, relacionada a la consulta ciudadana obligatoria con los pueblos indígenas, e incluso Azerbaiyán aconsejó la compra de tierras ancestrales.

Al término de esta semana será conocido el informe final de la ONU, siendo la administración de Michelle Bachelet la encargada de llevar a cabo las recomendaciones.

Coincidentemente a la presentación gubernamental, varias agrupaciones civiles como la Coorporación Humanas, Movimiento por la Diversidad Sexual, fundación Terram y Observatorio Ciudadano, entre otros, hicieron una presentación sobre los derechos humanos en 2013.

El coordinador del programa de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano, José Araya, destacó los “gestos” realizados por Sebastián Piñera en el marco de los 40 años del Golpe Militar, aunque advirtió que “aún faltan políticas públicas en relación de verdad y justicia”.

El trabajo con los inmigrantes fue otra de las materias tocadas en el documento, siendo cuestionado que el 15% de extranjeros aún estén de manera ilegal en el país, y el supuesto incumplimiento de Visa por un año a peruanos con sólo cédula de identidad y dos fotografías.

El presidente de la Asociación de inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe, Manuel Hidalgo, aprovechó la contingencia del fallo de La Haya para criticar las políticas migratorias nacionales.

El subdirector del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda, Martín Pascual, quien aportó en derechos económicos, calificó de “obscenas” las cifras de desigualdad del país, las que indican que el 1% más rico tiene 40 veces más ingresos que el 81% de toda la población, según un estudio de la Universidad de Chile.

Además, Pascual rechazó el informe de la Secretaria General de la Presidencia sobre las cifras de “pleno empleo”.

Asimismo, la subdirectora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Paulina Solís, lamentó la falta de institucionalidad y legislación en materia de derechos de la infancia y adolescencia.

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