El gobierno tailandés, enfrentado desde hace tres meses a un movimiento callejero que exige su salida, esperaba el viernes un fallo judicial crucial para la celebración de las elecciones del 2 de febrero que sus opositores han prometido impedir.

La primera ministra Yingluck Shinawatra está desde el pasado otoño boreal bajo la presión de los manifestantes que piden su salida, pero también el fin de la influencia de su familia en política, y en particular de su hermano Thaksin, al que odian.

Los manifestantes, que quieren sustituir al gobierno por un “consejo del pueblo” no elegido, acusan al ex primer ministro derrocado por un golpe de Estado militar en 2006 de seguir dirigiendo el país a través de su hermana pese a su exilio para evitar la prisión por malversaciones de fondos.

Rechazan también las elecciones legislativas anticipadas que tienen todas las posibilidades de ser ganadas nuevamente por el partido Puea Thai en el poder, mientras que la principal fuerza de oposición, el Partido Demócrata, las boicotea.

Algunas circunscripciones, en particular en el sur, bastión demócrata, no tienen ningún candidato porque los manifestantes bloquearon el registro de las candidaturas, lo que podría impedir el nombramiento de un nuevo gobierno independientemente de los resultados.

El líder de los manifestantes, Suthep Thaugsuba, amenazó por su parte el jueves con “cerrar todas las carreteras” que llevan a los colegios electorales, haciendo caso omiso del estado de emergencia instaurado en Bangkok.

En medio de esta crisis política que ya dejó nueve muertos, la comisión electoral pidió a la Corte Constitucional que aplace los comicios.

La comisión también pidió a los jueces que digan claramente quién tiene el poder para aplazar la votación, si ella o el gobierno que se niega a hacerlo.

El mismo tribunal infligió un golpe al gobierno en noviembre al considerar anticonstitucional el intento del Pue Thai de convertir el Senado en una cámara totalmente electa.

La Corte también expulsó del poder a dos primeros ministros pro Thaksin en 2008.

El estatuto de la Corte Constitucional es muy controvertido”, comentó Sunai Phasuk, de Human Rights Watch, y señaló que es “producto del golpe de Estado de 2006″.

Este golpe, acompañado de manifestaciones de “camisas amarillas” monárquicos anti-Thaksin, precipitó a Tailandia en una serie de crisis repetidas que sacaron masivamente a las calles a los partidarios u opositores del multimillonario que sigue siendo, a pesar de su exilio, el factor que divide a la sociedad.