El diferendo político entre Chile y Perú por el límite marítimo, que el próximo lunes 27 de enero será resuelto por la Corte Internacional de La Haya, tendrá de seguro efectos en la política interna del país, independiente de si el resultado es favorable o no a las pretenciones chilenas.

Sin embargo, para el analista político de la Universidad de Los Lagos, Cristóbal Sandoval, la naturaleza salomónica de la Corte Internacional hace pensar que su dictamen pudiera ser adverso en alguna manera a la defensa establecida por la Cancillería chilena, aunque de manera parcial, no concediendo la totalidad de millas marinas pretendidas por Perú.

Los efectos en materia política ante un resultado contrario a Chile son, a juicio de Sandoval, naturales, aunque reconoció que el presidente Piñera ha tomado los resguardos necesarios para hacer ver que se trata de un tema de Estado, principalmente por reunirse con ex mandatarios chilenos, los que manifestaron su apoyo al gobierno y su defensa de los límites marítimos del país.

De todos modos, proyectó que de ser adversos los resultados existirá en alguna medida la intención de responsabilizar al gobierno de turno, principalmente por su política de relación en materia internacional, la cual ha mantenido separadas las materias económicas de las políticas.

En un plano social, Sandoval sostuvo que los mayores efectos de un resultado adverso serían para las regiones más cercanas al límite con Perú, sobre todo en materia económica y específicamente laboral en el ámbito de la pesca, tanto industrial como artesanal.

Sin embargo, advirtió que en el resto del país serán más bien de carácter ideológico, transversal a la política tradicional, aunque sin mayor impacto en la sociedad en general.

Recordemos que el diferendo marítimo entre Chile y Perú tiene una data superior a los seis años y se funda en la diferencia entre ambas naciones respecto a si existen o no pactos que regulen la frontera en el océano.

Mientras nuestro país sostiene que la materia quedó resuelta a través de la Declaración de Santiago de 1952, ratificada posteriormente en el Tratado sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, así como con la relación en la zona ente ambas naciones durante 40 años, el Perú sostiene que no existen pactos reales sobre la materia, por lo que a su juicio es la Corte Internacional de La Haya la que debería a través de un bisectriz dividir el territorio en disputa.