Se mantiene la medida de prisión preventiva para el ex jefe de gabinete de la Intendencia Regional de Valparaíso, Enrique Kittsteiner, principal imputado por el caso Fraude al Fisco.

La solicitud de cambiar la medida de prisión preventiva a la de arresto domiciliario, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, fue negada por el Tribunal de Garantía de Valparaíso, por haberse presentado atenuantes para tal petición.

Recordemos que desde el 20 de noviembre, el abogado se encuentra privado de libertad, acusado por el delito de malversación de caudales públicos.

Los montos defraudados ascienden a 134 millones 700 mil pesos, e involucran proyectos de cultura y deporte a realizarse en Valparaíso y aprobados por el Consejo Regional, pero que nunca se ejecutaron.

El Ministerio Público, que se opuso a la medida, señaló estar conforme con la negativa del tribunal, ya que no han variado las circunstancias desde que se decretó la prisión preventiva.

El fiscal que lleva el caso, José Uribe Ortega, sostuvo que el monto total de los dineros defraudados podrían ser varias veces lo que inicialmente se habría dado a conocer.

En cuanto a la figura del intendente Raúl Celis, aclaró que éste es investigado como jefe del gobierno regional, pero que no existen aún antecedentes como para solicitar su formalización.

Enrique Aldunate, abogado representante del diputado Marcelo Schilling, que presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por este caso, en un hecho poco frecuente, como querellante solicitó se rebaje la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario.

Esto en abierta contradicción a la postura del Ministerio Público, que lleva la investigación. Consultado sobre si hay un trasfondo político en ésta solicitud, ante la posibilidad que se formalicen integrantes del Consejo Regional que pertenezcan al partido socialista, negó tal deducción:

Sin embargo, de gran discusión ha sido el hecho que, de entre los querellantes, el representante del diputado Marcelo Schilling, solicite que el proceso, no se transforme en una discusión acerca de las medidas cautelares, sino de reunir antecedentes para la investigación de lo que es determinar el destino de los millonarios recursos del gobierno regional, que habrían sido destinados para proyectos falsos.