Nuevos procesamientos dictó el ministro especial para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, en procesos emblemáticos por una veintena de ejecuciones en Laja-San Rosendo y el crimen de un mirista en el marco de la operación Alfa Carbón 1, en Los Ángeles.
Las notificaciones comenzaron muy temprano en el tercer piso de la Corte de Apelaciones penquista, donde se ubica la oficina de causas de derechos humanos. Hasta ahí llegó Jorge Mandiola Arredondo, ex jefe de la CNI en Concepción en 1984 cuando se produjo la matanza de miristas en el sur del país.
Mandiola fue encausado por el homicidio del miembro del MIR Mario Mujica Barros y por el delito de asociación ilícita en la operación Alfa Carbón 1. La información fue confirmada por el ministro Aldana.
El ex CNI quedó detenido en dependencias del regimiento Chacabuco a la espera de que el tribunal de alzada penquista revise la libertad bajo fianza otorgada por el ministro en visita. En el caso Laja-San Rosendo, donde 18 funcionarios de Ferrocarriles y de la papelera fueron ejecutados, se notificó del encausamiento por inhumación ilegal a los oficiales en retiro de Carabineros, Héctor Rivera y Luis Urrutia, quienes estaban a cargo de la Comisaría de Yumbel en 1973 cuando ocurrieron los crímenes.
A quienes ya están procesados por homicidio -un grupo de 10 ex carabineros-, el ministro resolvió también imputarles el delito de inhumación ilegal, agravándoles su situación procesal.
Carlos Aldana, quien investiga desde el año 2005 las violaciones de derechos humanos durante la dictadura en el Bío Bío, espera terminar con los 29 procesos aún abiertos durante los próximos seis meses, mientras que los fallos espera entregarlos antes de fin de año.
