Una decisión de la justicia de Estados Unidos que cuestiona el principio de “neutralidad de Internet”, que busca garantizar la igualdad de trato para todos los flujos de datos, vuelve incierto el funcionamiento futuro de la red.

Una corte de apelaciones de Washington declaró esta semana inconstitucional una norma de “neutralidad de Internet” de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el regulador nacional de telecomunicaciones, que prohíbe a los proveedores de banda ancha discriminar o favorecer a ciertos servicios en línea.

Los partidarios de la Internet abierta y libre dicen que esta decisión judicial puede generar cambios radicales en el paisaje online, que pasaría a estar controlado por las empresas de Internet, pero algunos analistas afirman que cambiará poco el panorama e incluso que podría ser mejor para los consumidores.

Esta decisión “abre la puerta a un futuro muy diferente para Internet”, dijo David Sohn, un abogado del Centro para la Democracia y la Tecnología, una organización que milita por una web abierta y libre.

Los defensores de la “neutralidad de Internet” argumentan que esta decisión permitirá a los grandes operadores de telecomunicaciones y proveedores bloquear ciertos servicios, como los sitios de video online Netflix o YouTube, anteponiendo la oferta de sus propios socios.

“Sin estas reglas, los consumidores están a merced de sus proveedores y de los acuerdos comerciales que estos proveedores ya han dicho que implementarían, (…) acuerdos comerciales que podrían limitar seriamente el acceso a ciertos contenidos en línea”, deploró Sarah Morris, del centro de reflexión New America Foundation.

Hacia “precios diferenciados” según los servicios

Algunos, sin embargo, no creen que sea algo preocupante. “El cielo no se está cayendo sobre nuestras cabezas”, replicó Scott Cleland, un ex asesor de la Casa Blanca en temas de telecomunicaciones que trabaja para la consultora de telecomunicaciones Precursor LLC. Según él, cada parte ganó porque obtuvo lo que quería.

El operador de telecomunicaciones Verizon, que presentó la demanda y fue respaldado por una serie de aliados, evitó la posibilidad de una fuerte regulación, que según Cleland podría haber significado un control de precios. “Estas empresas han invertido un billón de dólares en la última década bajo la premisa de que no serían regulados como un monopolio telefónico”, dijo Cleland a la AFP.

Los grandes usuarios de ancho de banda, como Netflix o YouTube, “podrían pagar una parte” y “obtener una ventaja en términos de marketing”, sugirió Cleland.

“Las compañías de Internet dijeron que no iban a frenar, degradar o impedir el servicio, no les interesa hacerlo. Pero sí les interesa encontrar financiación adicional para el enorme costo del ancho de banda, a fin de que los consumidores no tengan que soportar ese peso”, argumentó.

“La insistencia de los consumidores obligará a tener un equilibrio”, estimó también Everett Ehrlich, ex subsecretario de Comercio y actual consultor del grupo de reflexión Progressive Policy Institute.

Para él, la decisión de la corte de apelaciones allana el camino hacia “precios diferenciados” que permiten subsidiar el costo del servicio para mucha gente.

Regulación siempre posible con “voluntad política”

Si bien reconoció que el nuevo sistema podría beneficiar a algunos grandes actores, como Google, Ehrlich consideró que Internet no puede mantenerse alejado de las fuerzas que rigen el resto de la economía.

“La idea de que todo en Internet debe circular a la misma velocidad y en las mismas condiciones es como el código de vestimenta de la Revolución Cultural”, dijo. “Algunas cosas son más rápidas que otras, pero así es como funciona el mundo”.

Ehrlich también indicó que más allá de la decisión del martes, la FCC conservará cierta influencia sobre los proveedores de acceso, en la medida en que su papel de “administrador” de Internet sea reconocido.

La FCC sigue siendo un regulador de los “servicios de información”, por lo que puede aplicar la neutralidad si tiene la “voluntad política”, dijo por su parte Annemarie Bridy, profesora de derecho en la Universidad de Idaho.

El regulador podría así “imponer requisitos antibloqueo y de no discriminación a los proveedores de acceso a la banda ancha”, agregó.