Los pescadores y algueras de Coronel solicitaron a la Superintendencia de Medio Ambiente una fiscalización inmediata a la unidad 1 de la termoeléctrica Bocamina, de manera de acatar el fallo de la Corte Suprema que constató irregularidades en su funcionamiento y deslizó una posible ilegalidad en su operación.
Se trata de la segunda petición en ese sentido, luego de la presentada el lunes por el diputado electo Marcelo Chávez. La dirigenta de las algueras, Marisol Ortega, dijo que el superintendente Juan Carlos Monckeberg debería acatar a la brevedad lo señalado por la justicia.
El máximo tribunal del país acogió la semana pasada un recurso de protección de los pescadores y algueras de caleta Lo Rojas, tras revocar una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción en favor de Endesa, que había rechazado denuncias contra Bocamina, argumentando la incompetencia de la justicia en la materia.
Ese argumento lo reiteró el superintendente Monckeberg en un informe al tribunal de alzada penquista, señalando que era su organismo el encargado de fiscalizar y sancionar incumplimientos medioambientales de la empresas.
Cuestionando la postura de la Superintendencia, el dirigente de los pescadores artesanales, Luis Villablanca, dijo que debieron recurrir a la justicia luego que el organismo se demorara en escucharlos.
Trascendió que el organismo ya estaría analizando que un grupo de fiscalizadores visite las instalaciones de la termoeléctrica, de manera de determinar si se paraliza también Bocamina 1, pues la segunda unidad está clausurada ya hace casi un mes.
