Lo más sorprendete del anuncio del Papa, de que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, será investido cardenal, son las reacciones de repudio que ha causado. Muchas voces han rechazado esa designación, al considerar a Ezzati encubridor de sacerdotes acusados de abusos sexuales.

La acusación que pesa sobre Ezzati es la sospecha que la jerarquía de la Iglesia Católica llevó adelante una política de encubrimiento con decenas, cientos de sacerdotes que abusaron de menores, adolescentes y adultos.

Esto ocurrió durante décadas y a nivel mundial. La complicidad con los pederastas llegó hasta el vértice con el papa Juan Pablo Segundo, que hizo oídos sordos a las denuncias contra el fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, un abusador impenitente.

En nuestro país la cosa fue igual. Siempre se olvida lo que ocurrió con el ex arzobispo de La Serena, Francisco Cox, “retirado” a un convento el año 2002.

En el caso del cura Karadima, el cardenal Francisco Javier Errázuriz no quiso investigar las denuncias. Prefirió creerle al obispo Andrés Arteaga, discípulo de Karadima. En el fondo, dio un portazo a las víctimas.

La Iglesia dice que las responsabilidades son personales. Pero si una congregación o una institucion -su jerarquía- encubren a los delincuentes, ¿cómo no pensar que sí son también responsables,a lo menos de encubrimiento?