Ante la proximidad de la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para este 15 de enero, por el delito de uso malicioso de instrumento público en contra la ex funcionaria municipal, Maritza Huerta Rivas, la Municipalidad de Santiago manifestó su confianza en la labor de la justicia, en una declaración difundida esta jornada.
“Los delitos imputados a la señora Huerta Rivas se efectuaron después de su salida de nuestra institución, en el año 2010, y corresponden a gestiones realizadas por ella tendientes a regularizar patentes, clausuras, alzamientos y otras acciones, utilizando documentación falsa o adulterada a cambio del pago por sus servicios, engañando a los contribuyentes de la comuna de Santiago”, detalla la declaración.
“En efecto, personal municipal, tras denuncias efectuadas por comerciantes el 2012 y 2013, detectaron casos en que, previa cancelación de una suma de dinero, esta ex funcionaria ‘regularizaba’ situaciones anómalas. Frente a este hecho, junto con clarificar a los afectados esta situación, el municipio procedió a ingresar dos querellas criminales ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago”, precisa el texto.
El municipio aclaró que “las acciones de esta ex funcionaria no sólo afectaron a vecinos y contribuyentes de nuestra comuna, sino que infirieron un profundo daño a la fe pública y a la imagen de la Municipalidad de Santiago, y es por ello que se emplearán todas las herramientas legales necesarias para que hechos como éste tengan las sanciones que la ley y los tribunales determinen, en un ánimo también de transparentar y despejar toda duda respecto de la labor municipal”.
“La Municipalidad de Santiago no permitirá ni tolerará que situaciones como las antes descritas ocurran con personal activo de la corporación, por lo que constantemente está preocupada de actualizar sus protocolos de control, realizando las investigaciones necesarias ante denuncias y aplicando las sanciones si así correspondiere”, recalcaron.
Asimismo el municipio manifestó que “confiamos en el actuar de la justica y esperamos un fallo que de alguna manera restituya los perjuicios causados no sólo a la institución, sino que sobre todo a sus funcionarios y funcionarias, que se ven involucrados indirectamente en un actuar que se aparta totalmente de los valores de buen servicio y probidad que deben imperar en el quehacer municipal”.
