El presidente del Consejo de Pescadores Artesanales (Corepa) en la Región de Los Lagos, Jorge Bustos, acusa a la Subsecretaría de Pesca y autoridades competentes por los efectos de la denominada Ley Longueira, a lo que ahora se suman las nominaciones a dedo del IFOP y el traspaso de las cuotas pesqueras artesanales hacia la industria.

En su tercer día de movilizaciones por el cierre de los puertos pesqueros en algunas zonas, el Consejo Regional de Pescadores Artesanales sentenció que sus demandas se deben a la Ley Longueira, la que otorga perpetuidad de los derechos de extracción de recursos a las grandes industrias del rubro, con una opción hereditaria, lo que desde durante el segundo semestre de 2012 obligó a los pescadores de naves menores a compartir el territorio marítimo con las industrias.

Recordemos también que la última semana de diciembre, la Federación Nacional de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), acusaron directamente el incumplimiento del artículo 56 A de la Ley de Pesca, ya que la denominación de los evaluadores externos que verifican la calidad del trabajo que realiza el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), habría sido designado a dedo por el mismo subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, donde estarían involucrados representantes de las grandes pesquerías y consorcios de la misma índole. Así lo explicó, Jorge Bustos, presidente del Corepa.

Además, denunció que los comités científicos que se crearon bajo esta ley son representantes de las distintas pesquerías, como lo es la Universidad de Concepción que está directamente ligada al estudio de los recursos marinos que se dan en la Región del Bío Bío, lo que para el dirigente en la actualidad no tiene ninguna validez, siendo que “muchas veces las personas que están a cargo ni siquiera conocen un anzuelo”, enfatizó el dirigente.

Según la Corepa, con esto el sector industrial aseguró a uno de sus principales proveedores europeos, esto para solventar la crisis en esta actividad económica que se vive en ese continente, lo que no ayuda a los pescadores artesanales, quienes se han visto en la obligación de realizar el traspaso de las cuotas de pesca a las grandes industrias, esto con la autorización de algunos dirigentes pesqueros, lo que asegura la compra de materia prima barata, pero que es constante.