Ex dirigentes universitarios, hoy diputados electos, presidentes de federaciones de estudiantes, y académicos, entre otros, adhirieron a una carta dirigida a la ministra de Educación, Carolina Schmidt, ante “la sorprendente noticia del cierre de colegios públicos en algunas comunas del país”, y en la que le piden “su inmediata intervención”.

Entre los firmantes figuran, Naschla Aburman, presidenta FEUC 2014, Ximena Azúa, académica U. de Chile; Andrés Fielbaum, ex presidente FECh 2013; Gabriel Boric, diputado electo por Magallanes; Giorgio Jackson, diputado electo por Santiago; Fundación Educación 2020; Gonzalo Muñoz, académico UDP; Ofelia Reveco, académica U. Central; Camila Vallejo, diputada electa por La Florida; Diego Vela, ex presidente FEUC 2013, Niniza Krstulovic, directora ejecutiva de la Fundación Cerro Navia Joven, y Moisés Paredes, vocero de la CONES.

“Pedimos la inmediata intervención de la ministra para revertir el irreparable perjuicio que se está ocasionando a los niños, niñas y jóvenes, a sus familias, a la comunidad, y toda la educación pública”, manifestaron en la misiva.

Agregaron que “hoy es deber constitucional de los alcaldes hacerse cargo de la administración y calidad de la educación pública, y pese a la baja de matrícula a nivel país, los alcaldes deben cumplir con este deber y ejecutar las acciones que reviertan este fenómeno, tal como hoy lo hacen no pocos municipios”.

Los dirigentes estudiantiles y diputados electos dijeron en la carta dirigida a la ministra que “algunos alcaldes se han desentendido públicamente de la administración de la educación, contando para ello con la venia de altas autoridades del ministerio que usted encabeza. En efecto, la prensa ha informado de la recepción de las llaves de los colegios, que en un acto mediático e irresponsable el alcalde de Cerro Navia entregó al subsecretario de Educación”.

“Si bien es cierto -manifestaron- el país ha consensuado la necesidad de desmunicipalizar la educación pública para dar paso a una nueva administración del sistema escolar, esto en ningún caso justifica acciones como las recién señaladas, más aún cuando existe certeza de que un cambio de esta magnitud requiere de una planificación sobre la base de criterios claros, y de un proceso gradual que tome en cuenta a los distintos actores que se verán afectados para asegurar sus resultados”.

Añadieron que “adicionalmente, algunos alcaldes están cerrando colegios que no sólo no han disminuido la matrícula en los últimos años, sino que por el contrario, la han aumentado y con buenos resultados académicos”.

“El cierre de un establecimiento debe ser siempre el último recurso, y si se llega a optar por ello debe darse en un proceso participativo con la comunidad educativa, de forma gradual y resguardando el derecho constitucional a la educación, así como también el respeto de los derechos de los niños y niñas de nuestro país”, dijeron.