Cultivadores uruguayos de cannabis crearon una federación para poder participar en la producción y venta de marihuana en el país, según la ley recientemente aprobada, y hacerse así con una parte del mercado siguiendo un modelo de “desarrollo social”, informó el viernes uno de sus integrantes.
Unas 30 personas participaron el 29 de diciembre en Florida, en el encuentro en que se creó la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay, que ahora debe ser registrada formalmente, informó el viernes el diario El Observador.
“Somos agrupaciones que venimos acompañando este proceso y ahora nos transformamos en una figura legal formal para formar parte activa del nuevo proceso” de legalización de la marihuana, explicó a la AFP Julio Rey, integrante de Movida Cannábica Florida y flamante presidente de la federación.
Uruguay se convirtió en diciembre en el primer país en controlar el mercado del cannabis y sus derivados, un inédito proyecto promovido por el presidente José Mujica que ha despertado apoyos y críticas alrededor del mundo.
Según la ley, los mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de consumidores o comprándola en farmacias, en todos los casos con límites y previo registro ante el Estado.
Aunque la norma ya está vigente, habrá que esperar a la reglamentación -que el Poder Ejecutivo debe presentar como muy tarde a fines de abril- para conocer otros aspectos de su puesta en marcha, tales como la forma en que se otorgarán las licencias para plantar o qué variedades de la droga se producirán.
La nueva federación reúne a autocultivadores y grupos de cultivadores que ya existían discretamente en todo el país y que con la legalización planean registrarse o conformar clubes de cultivadores de cannabis. Pero además, quieren producir la sustancia siguiendo un modelo productivo de “desarrollo social”, explicó Rey.
“Hay cuatro proyectos, de distintos departamentos, para implementar el modelo productivo para las farmacias. Todas tienen como eje común la inclusión laboral, ya sea en zonas de contexto crítico o empleando a colectivos vulnerables como madres solteras o mujeres trans”, indicó.
Rey admitió que obtener permisos para producir para farmacias no será un proceso sencillo. “No es fácil hacerlo para las farmacias porque promedialmente se pretende una inversión de unos 200.000 dólares por instalación, porque el Estado quiere seguridad”, afirmó.
Por eso también analizan la posibilidad de producir marihuana medicinal, lo que -asegura- “se podría hacer en pequeñas economías familiares”.
Rey es consciente de que tendrán que competir con empresas con mayor poderío económico que ya han manifestado su interés en producir cannabis legalmente. “Es una batalla dura pero que estamos dispuestos a dar”, indicó. “Con esto no pretendemos volvernos ricos sino que haya una justa distribución de riqueza y oportunidades”.
