En la mira se encuentra el papel que jugó el ahora disuelto Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenacíones de Carabineros de Chile en el marco de las compras efectuadas por el departamento de Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones (TIC) a la empresa Mellafe y Salas con precios que superaban holgadamente los del mercado formal, fraude por el cual el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por pérdidas avaluadas en $1.600 millones.

El actual general director de la policía uniformada, Gustavo González, presidió dicho consejo entre 2008 y 2011 en su calidad de subdirector. La instancia fue creada en 1997, y en 2010 un decreto firmado por el general Eduardo Gordon estableció que ésta debía encomendarse a “conocer, estudiar, asesorar y recomendar con una visión técnica y estratégica” sobre las compras sobre las 1.000 UTM, proyectos de enajenación de inmuebles y otras materias.

En 2010, mientras el general González estaba a la cabeza del consejo, Carabineros efectuó compras a Mellafe y Salas superiores a los $2.500 millones. En este contexto, el teniente coronel Ramiro Martínez, que se desempeñaba como jefe de la sección de infraestructura del departamento TIC, reconoció en su momento que se reunió con representantes de la empresa cuestionada para “elevar los requerimientos del portal Chile Compras” y fue llamado a retiro durante la investigación interna de la institución.

Martínez apunta en la actualidad al general director como presidente del consejo, señalando que las millonarias compras al mismo proveedor no fueron advertidas por la instancia, consigna Ciper.

Sin embargo, uno de los mayores cuestionamientos al rol del Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones radica en la revisión de la compra de generadores a Mellafe y Salas en la reunión que el organismo interno de Carabineros realizó el 11 de mayo de 2011 (cuatro meses antes que Gustavo González asumiera como general director). El consejo, en ese entonces, recomendó adjudicar la compra por más de $787 millones ($787.877.844), pese a que la orden de compra ya había sido emitida por la Dirección de Logística de la policía uniformada el 14 de abril.

En entrevista con Ciper, el general Gustavo González subrayó que el consejo solo asesoraba al director general sin tener una potestad resolutiva. Aclaró que el detalle de las ofertas no fue analizado por la instancia que presidió debido a que éstas se efectuaron a través del convenio marco de Chile Compra. Es decir, si los proveedores participaron antes de licitaciones dirigidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública, las instituciones pueden elegir entre productos y servicios incluidos en un catálogo, evitando llamar a una nueva licitación.

Precisamente este sistema fue aprovechado por Mellafe y Salas para incluir en el catálogo los generadores con antecedentes falsos y valores abultados, derivando en la querella que presentó el CDE en noviembre de 2012 por perjuicio fiscal superior a los $900 millones ($928.178.946).

El sumario interno que desarrolló el general de la Quinta Zona, Julio Pineda Peña, se encuentra en etapa de revisión y, según confirmó a Ciper, ningún general declaró en el proceso.