Este martes será un día clave en el proceso de negociación colectiva de los funcionarios de la sanitaria Essal, puesto que deben rechazar o aceptar los montos acordados con ejecutivos de la empresa y representantes de los dos sindicatos que reúnen a más de 200 operarios.

Durante la tarde del lunes, los dirigentes gremiales se retiraron de un encuentro, según lo confirmado a La Radio por José Pacheco, presidente del sindicato de profesionales y técnicos de Essal, quien si bien no reveló cifras, calificó el último encuentro como un tanto más flexible pero aún lejano a lo planteado inicialmente.

El dirigente lamentó que por la naturaleza del servicio, los trabajadores no cuentan con la huelga legal, como medio de presión para alcanzar acuerdos, pese a los anuncios de abandonar labores como atenciones en plantas de tratamientos y vigilancia en la entrega del suministro entre otros.

Como se ha informado, entre los puntos a negociar se encuentra un reajuste de sueldo de mínimo un 10% en tres años, considerando que los dividendos de la empresa han aumentado en un 20% en los últimos años y los accionistas se llevan el 70% de las utilidades, mientras que los trabajadores reciben lo mínimo, sostuvo Pacheco.

El Sindicato de Profesionales Sanitarios – Siprosan – y Sindicatos Técnicos y Profesionales – Sittpesal – que en su conjunta conforman 261 trabajadores entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, deberán decidir esta jornada – último día para efectos de la negociación – si aceptan o no las cifras resultantes del encuentro sostenido ayer, en el marco de un pliego de peticiones que además de un reajuste salarial, incluye bonos por términos de conflictos y por gestión de servicios, considerando que hay turnos de emergencia con personal después de las 18 horas hasta las 8 del día siguiente y por cada turno se les paga sólo $1.800 por día.

La empresa sanitaria Essal atiende a casi 800 mil usuarios y es parte del conglomerado internacional Suez, además, es administrada por Aguas Andinas, quien compró el 53% de la propiedad en el año 2008 a Iberdrola y el Estado mantuvo el 47% restante, a través de Corfo.