El gerente general del Consorcio de la Papa, Luis Miquel, criticó duramente a los grupos que se oponen a la concreción de la Ley de Obtentores Vegetales (o Ley Monsanto), aduciendo que tienen claros fines políticos por lo que desinforman a la población vinculando la iniciativa legal con la transgénica y otros argumentos que aseguró nada tienen que ver con la realidad.

Miquel aseguró que lo que busca el Upov 91 y su reglamentación es proteger a aquellos que se dedican a producir nuevas variedades de semillas, cuestión que no ponen en riesgo el patrimonio fitogenético del país.

En este contexto, explicó que como consorcio han tomado la iniciativa de producir nuevas variedades de semillas, tal como el Instituto de Investigaciones Agropecuaria (Inia), sin embargo, su experiencia no ha sido buena debido a la piratería, la que deja por los suelos inversiones que ascienden a los $1.200 millones por cada nuevo tipo de semilla lograda, además de a lo menos dos años de investigación.

De acuerdo a Miquel, trabajar la transgenia es una decisión de cada país, no dependiendo del UPOV 91, relatando que existen países que lo han ratificado y su ley de semilla no permite tal práctica, así como otros, como Argentina, que trabajan con la antigua norma de UPOV 78 y que ejecutantransgénicos sin tapujos.

Por todo es que reiteró que no se debe confundir a la población, menos aún extremar los efectos en la comercialización de las semillas tras la creación de la reglamentación del UPOV 91. De hecho aseguró que su efecto será dar protección tanto comercial como sanitaria a los pequeños y medianos productores.

El representante de los cientos de agricultores asociados descartó que se afecte el patrimonio fitogenético del país, reiterando que para que una semilla sea patentada debe ser nueva, distinta y estable, cuestión que puede ser verificada a través de los distintos registros genéticos existentes en diversas instituciones públicas y de investigación.

Por esta razón es que estimó que lo que se dice se trata de inventos que lo único que logran es frenar la investigación nacional en la materia, por lo que llamó a ver el tema con altura de miras, no disparándose en los pies y afectar el desarrollo de la agricultura nacional.

Miquel concluyó con que finalmente el entrabar la ley de semillas y el UPOV 91 es desproteger la investigación nacional e impedir la creación de semillas que respondan a las exigencias actuales de la agricultura, tanto en sus perspectivas internas como externas.