La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, firmó el viernes un decreto de expropiación de 92 fincas que serán destinadas a las familias de pequeños agricultores en el marco de la reforma agraria, informó el ministerio de Agricultura.

En octubre, la mandataria había firmado el primer decreto de expropiación de 2013, sobre ocho grandes propiedades agrícolas.

Estos decretos “elevan a 100 las áreas liberadas para el programa de reforma agraria este año”, sumando 1.935 km2 (193.500 hectáreas) en 16 de los 27 estados del país, que serán distribuidas entre 4.670 familias de trabajadores rurales, indicó el ministerio.

Estos campesinos destinarán sus parcelas para pequeñas producciones agrícolas, de lácteos, frutas y hortalizas, entre otros.

El Instituto Nacional de la Colonización y de la Reforma Agraria (INCRA) pagará el equivalente a 116,1 millones de dólares en 2014 para indemnizar a los dueños de las áeras expropiadas, usadas hasta ahora para ganadería.

Hace 15 días, un portavoz del Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST) criticó “el estancamiento de la reforma agraria en 2013 en Brasil”.

“Este fue el peor año de la reforma agraria (…). Hasta la fecha, sólo 159 familias fueron asentadas (en tierras) en todo el país. Es una vergüenza”, lanzó entonces Joao Paulo Rodrigues, de la coordinación nacional del MST.

Rodrigues aseguró que el gobierno es “rehén” del poderoso e influyente lobby ruralista en el Congreso y denunció la desigualdad en el trato a la agroindustria y a la agricultura en pequeña escala.

“Para que tengan una idea, el plan de ayuda a la agricultura familiar para la cosecha 2013-2014 es poco más de 20% del dinero destinado a la agroindustria”, indicó el portavoz del MST.

Según el MST, creado en 1984, había en 2010 más de 150.000 familias “sin tierra” en Brasil, que reclaman el derecho a explotar parcelas agrupadas en inmensas propiedades.

Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican que 43% de las tierras agrícolas del país pertenecen a 1% de los propietarios.