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Caso La Polar: Fiscalía cifra en casi 1 millón los clientes repactados unilateralmente

Archivo | Sebastián Rodríguez | Agencia UNO
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La Fiscalía cifró en 999.109 los clientes repactados unilateralmente en el caso La Polar, según se detalla en la acusación contra los imputados que se conoce hoy.

La demanda apunta al ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, pidiendo 14 años de cárcel efectiva, mientras que a la ex gerenta de administración María Isabel Farah y el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, solicita 11 años de cárcel, así como 9 años de prisión para el ex gerente general Nicolás Ramírez.

La Fiscalía también acusa al ex gerente corporativo de finanzas, Santiago Grage; al gerente de informática, Pablo Fuenzalida, y al ex gerente general interino, Martín González, para quienes solicita 4 años de presidio, donde pueden optar a beneficios como la libertad vigilada, además de Marta Bahamondes e Ismael Tapia como cómplices, donde pide 541 días, quienes podrían quedar con la remisión condicional de la pena.

En el escrito de 707 páginas junto con los documentos que se anexaran para el juicio oral, el jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales, expone como consecuencia “de la falsa situación financiera de Empresas La Polar S.A. comunicada al mercado, los inversionistas, individuales e institucionales, fueron afectados patrimonialmente toda vez que, motivados por los falsos resultados de la compañía, tomaron la decisión de adquirir acciones por una valor muy superior al que éstas hubieran tenido de conocerse públicamente la real situación financiera de la empresa”.

“Efectivamente, el valor bursátil que tuvieron las acciones de Empresas La Polar S.A., una vez que el mercado tomó conocimiento de la real situación financiera de la compañía, fue sólo de $533,54 pesos por acción, al valor de cierre del día 20 de junio del 2011″, consigna el documento.

La acusación ya está ingresada oficialmente en la causa que tramita el Segundo de Garantía de Santiago y ahora comienzan a ser notificados los acusados y querellantes para que en un plazo de diez días impugnen la acusación en el caso de los imputados y se sumen o presenten acusación particular los querellantes.

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