Desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, presentó la cuenta pública de su gestión durante el Gobierno de Sebastián Piñera, instancia donde destacó la elección de Chile como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y abordó las demandas de Perú y Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Moreno valoró el logro de Chile por ser electo para participar del máximo órgano resolutivo de Naciones Unidas y atribuyó dicho resultado a que se ha posicionado como confiable, predecible, con valores conocidos y permanentes; como una nación integrada con su región y con prioridad de sus vecinos y además, por su proceso de modernización.

En tanto, se refirió al futuro de las demandas que interpusieron primero Perú y, luego, Bolivia ante el tribunal de La Haya contra el Estado chileno, señalando que en cualquiera de los dos casos “la unidad nacional, la política de Estado, el trabajo en conjunto, pensar siempre en el país y no en el interés personal, me parece que es lo que va a dar el mejor resultado”.

De todas formas, el secretario de Estado defendió la política de “cuerdas separadas” que ha tenido el Gobierno de Chile con su par peruano, en cuanto a mantener relaciones de integración en el ámbito político, indicando que “lo fácil y lo popular hubiera sido seguir distanciando a los países, incluso algunos señalan que hacerlo de otra manera podría influir sobre la Corte”.

“Sin entrar a los detalles de ese argumento, que me parece extremadamente débil, basta ver el caso de Colombia con Nicaragua”, arguyó.

Respecto del litigio con Bolivia, el titular de Relaciones Exteriores adelantó que la memoria de dicha nación “se basaría en supuestas conversaciones y ofertas que Chile habría hecho”, a la vez que aclaró que “Chile no tiene ninguna conversación abierta sobre este tema, no tiene obligación alguna que esté pendiente de realizar”.

A su vez, el ministro Alfredo Moreno se refirió a los dichos del diputado Jorge Tarud, quien llamó a convocar a un plebiscito para que los chilenos decidan si el fallo se acata, respondiendo que nuestro país “está obligado a respetar” la sentencia del tribunal de La Haya.

“Chile es parte del Pacto de Bogotá, aceptó la participación en esa época y después también cuando se inició el juicio, por lo tanto está obligado a respetar el fallo y no existe en nuestro ordenamiento legal llamar a un plebiscito para poder aceptar un fallo que obligatoriamente tiene que ser aceptado”, declaró.

Asimismo, el canciller puntualizó que “los países son libres de estar o no estar, este es un pacto voluntario, cuando uno está, está sujeto a las normas y, cuando se quiere retirar, sigue siendo válido durante un año”.