El Tribunal de Garantía de Viña del Mar dictó sentencia contra Javier Garriga, el empresario que asegura haber gastado, debido a su ludopatía, más de dos mil millones de pesos en el casino de juegos de la ciudad jardin.

La sentencia estableció 9 años de cárcel, pero se consideraron los dos que ya lleva privado de libertad, por lo que deberá cumplir otros siete años privado de libertad.

La Fiscalía Local de Viña del Mar, en voz del persecutor Lionel González, manifestó su conformidad por la sentencia de cárcel para el imputado, independiente de las dudas que han surgido acerca de la tenencia de los dineros defraudados, y de las propiedades que pudiera tener a nombre de terceros.

Agregó que independiente de la poca conformidad por no establecerse el destino de casi 2 mil millones, lo sustancial, es la pena de cárcel que deberá cumplir.

Además, el tribunal señaló que debe devolver 2 mil 700 millones de pesos, que es la cifra que se estableció había defraudado a la comunidad del edificio Tenerife de Viña del Mar, dineros que -recordemos- eran producto del pago del seguro post terremoto que recibieron los vecinos.

El abogado defensor Ricardo Napadensky, dijo que estudiarán el fallo y no descartan presentar un recurso de nulidad del juicio, agregando que como Garriga no registra patrimonio, es casi imposible que se cancelen los 2 mil 700 millones de pesos.

Por su parte Andrés Sweet, representante de la comunidad del edificio Tenerife, reiteró que dudan de la supuesta ludopatía que argumenta la defensa, y calificaron a Garriga como un delincuente hábil y calculador.

Sweet dijo que los antecedentes presentados en el juicio indican que se pudo comprobar que Garriga jugó 512 millones de pesos en el casino, pero nunca se comprobó que haya perdido los 2 mil 700 millones, por lo tanto sospechan que el resto del dinero lo tiene escondido.

A juicio de la abogada querellante, Vilma Urbina, los dineros pudieron ser enviados al extranjero, quedando pendiente una solicitud a la Fiscalía para establecer el destino de éstos.

La forma en que se inició ésta investigación criminal, que terminó con Garriga en la cárcel, fue a principios de 2012, al descubrirse la falsificación de boletas de depósito bancarias cuando miembros de la comunidad requirieron fondos para la demolición del edificio, posterior al terremoto de febrero de 2010, para el pago de la garantía de la obra.