Un grupo de maestros ocupó este jueves el hemiciclo del Senado de Puerto Rico y detuvo las labores de ese cuerpo legislativo, que se aprestaba a iniciar una sesión extraordinaria para discutir reformas al sistema de retiro de este grupo de trabajadores.

La intervención de los manifestantes en el hemiciclo senatorial es la primera que se recuerda en la historia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y se produjo en medio de forcejeos que resultaron en varias personas lesionadas, especialmente empleados de la Legislatura.

Otro nutrido grupo de manifestantes ocupó las gradas del Senado lanzando consignas contra el gobernador Alejandro García Padilla y contra los legisladores del gobernante Partido Popular Democrático (PPD).

El proyecto de ley que provocó la protesta introduce cambios en la forma en que se pagarán las pensiones de los maestros del sistema de educación pública, cuyo programa de retiro enfrenta una deficiencia actuarial que rebasa los diez millones de dólares.

El mismo fija un nuevo mínimo en la pensión que podrán recibir los que se retiren en el futuro, aumenta la aportación que tienen que hacer los maestros a su plan, así como la que hará el gobierno, y eleva la edad de retiro para los que llevan menor tiempo en el servicio, entre otros cambios.

Estas propuestas fueron rechazadas por los gremios que representan a los maestros, que reclaman que las mismas resultarán en un recorte de los beneficios que recibirán al momento de su retiro.

El gobernador García Padilla insiste en que urge una reforma del sistema de retiro magisterial ante el hecho de que por cada dólar que paga en pensión, hoy recibe apenas 17 centavos. Advierte que si se pospone una decisión el sistema colapsará a fines de esta década.

La atención de la situación de este sistema de retiro fue una de las condiciones que puso la pasada semana la empresa acreditadora Moody’s para no degradar en el futuro inmediato el crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra” o de especulación.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, insistió en que no utilizará a la Policía para remover a los manifestantes y que tratará de resolver la situación mediante el diálogo.