El gobierno sirio lleva a cabo una campaña de desapariciones forzadas que constituye un crimen contra la humanidad, estima un informe de la Comisión internacional de investigación de las Naciones Unidas para Siria, publicado este jueves en Ginebra.
“Hay razones para pensar que las desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas gubernamentales como parte de un vasto y sistemático ataque a la población civil constituyen un crimen contra la humanidad”, afirma el informe.
En un documento de diez páginas, la comisión de investigación, presidida por el jurista brasileño Paulo Sergio Pinheiro, acusa a las autoridades de Damasco de ser responsables de desapariciones forzadas desde el comienzo de los disturbios, en 2011. Esta campaña de intimidación se usó, según ella, como una táctica de guerra.
“Civiles, en su mayoría hombres adultos, fueron secuestrados por las fuerzas armadas y de seguridad sirias, así como por milicias progubernamentales en arrestos masivos, registros de domicilios, retenes y hospitales”, recalca el informe de esta comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Los secuestros solían ser de carácter sancionador, e iban dirigidos contra los familiares de desertores, activistas, combatientes y personas que prestaban atención médica a los opositores”, añade el informe.
Las autoridades se niegan a suministrar información sobre los desaparecidos y en algunos casos incluso se detuvo a familiares que acudieron a los servicios de seguridad para intentar obtenerla, añade el documento.
En el último año, algunos grupos de la oposición armada aumentaron el número de secuestros para canjes de prisioneros o para obtener rescates, destaca la Comisión.
Según ella, en estos casos no se puede hablar de “desapariciones forzadas” porque no se oculta a las familias la situación de las víctimas.
Pero en los últimos meses, algunos grupos utilizan prácticas comparables a las de las desapariciones forzadas, violando el derecho internacional, estima el informe.
