El Gobierno presentó este martes la “Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo”, iniciativa que contempla cinco líneas de trabajo y 50 objetivos específicos, con el fin de elevar las barreras de la economía chilena frente a ambos delitos.

Entre los puntos destacables está la creación de una agencia de administración de bienes decomisados; fortalecer el control sobre instrumentos negociables al portador; identificar sectores, actividades, productos y servicios más expuestos a riesgos de lavado de activos; y fortalecer los análisis sobre los flujos de inversión extranjera, entre otras acciones.

La puesta en marcha del plan, que contó con la asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue presentada en el Palacio de La Moneda por los subsecretarios de Interior, Rodrigo Ubilla, y de Hacienda, Julio Dittborn, junto al Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, organismo que actuó como secretaría técnica.

La Estrategia Nacional Antilavado fue formalizada con la firma de un convenio marco de implementación, suscrito por las autoridades de 20 organismos que, durante un año y medio, participaron en su diseño.

A través de la creación de una Comisión Técnica Intersectorial se coordinarán los esfuerzos que las instituciones participantes, dependiendo de su ámbito de acción, desarrollan en prevención, detección o persecución penal del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Con ello se espera elevar las capacidades investigativas, facilitar a los organismos pertinentes accesos a amplias bases de datos con información relevante, desarrollar acciones preventivas y fortalecer la detección de operaciones de blanqueo de fondos ilícitos.

Según estimaciones del FMI, anualmente se lava el equivalente a entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Chile no es la excepción: entre 2007 y el primer semestre de 2013 se han dictado en el país 54 sentencias condenatorias por lavado de activos, las que involucran a 108 personas.

Asimismo, el narcotráfico es el principal delito base que ha originado las operaciones de blanqueo; sin embargo, también se han detectado casos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y trata de personas.