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Colombia: Aprueban legislación para defensa de uniformados implicados en delitos

Ejército Nacional de Colombia (DP)
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El Congreso colombiano aprobó este miércoles una ley para defender a los uniformados acusados de delitos cometidos estando en servicio, que fue presentada por el gobierno tras su fracaso de ampliar el fuero militar, anunció el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

La legislación, que crea el Sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, dará “mayores herramientas para la seguridad jurídica de los (45.000) militares y policías” colombianos, según destacó Pinzón.

“A mayor seguridad jurídica, mayor seguridad para los colombianos, precisamente porque tendrán una fuerza pública que puede actuar más directamente y contundentemente a la hora de defenderlos de los criminales”, dijo el responsable.

El Sistema de defensa creará un fondo económico para defender a los funcionarios investigados por delitos cometidos en servicio.

La presentación de esta ley, que ahora debe ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, fue la reacción del gobierno a la decisión que tomó en octubre la Corte Constitucional de rechazar la ampliación del fuero militar, luego de que fuera aprobada por el Congreso.

El rechazo, muy criticado por el gobierno, se debió a vicios en el trámite legislativo.

La ampliación del fuero militar implicaba una reforma constitucional y recibió severos cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Esa frustrada ley iba mucho más allá de la recién aprobada y extendía las competencias de los tribunales castrenses para juzgar a los militares, que sólo podrían ser sometidos a la justicia ordinaria en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

La justicia colombiana investiga casi 1.300 ejecuciones sumarias de civiles cometidas por militares, casos conocidos en Colombia como “falsos positivos”, que en la reforma al fuero penal habrían sin embargo quedado definidas como un delito de competencia de los tribunales ordinarios.

Esos casos, en los que civiles eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, incluso vistiéndoles con ropa militar y colocándoles armas, fueron descubiertos a fines de la década de 2000 y constituyen cerca del 60% de las investigaciones judiciales a militares.

El conflicto armado colombiano, en el que durante 50 años han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y agentes de la fuerza pública, ha dejado unos 600.000 muertos y 4,5 millones de desplazados.

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