¿Quién les dijo que queríamos un puente? Esta es la interrogante que, según Ana Vera, dirigente social de Quellón, se hacen miles de habitantes de la Isla Grande de Chiloé, luego de conocer la concesión que el Ministerio de Obras Públicas entregó para la construcción de la obra.

A su juicio, el Gobierno se equivocó al no impulsar una consulta ciudadana para conocer la opinión de los chilotes.

Ana Vera aseguró que los habitantes de la Isla Grande de Chiloé tienen una serie de carencias, cuya solución es mucho más apremiante que la edificación del puente.

Una opinión similar tuvo el dirigente pesquero Alberto Millaquén, quien afirmó que el Ejecutivo no respeta el Convenio 169 de la OIT, que establece una Consulta a los pueblos indígena, en este caso a las comunidades Huilliches.

De hecho por esta tema, la comunidad “Mon Fen”, de Yaldad, presentará un recurso de amparo en contra del Estado chileno.

Por el contrario, Pedro Andrade, alcalde de Chonchi, expresó que el puente siempre ha sido un anhelo para Chiloé.

La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, sostuvo que la mejor conectividad impactará, positivamente, en la calidad de vida de los chilotes.

La autoridad detalló que para la construcción del puente, cuya extensión será de 2 mil 750 metros, se utilizarán cerca de dos mil trabajadores por cada uno de los 6 años que demorará la obra.

Loreto Silva puntualizó que si bien no se ha definido el monto del peaje por utilizar una de las cuatros pistas que tendrá el puente, éste no será mayor a la tarifa que, actualmente, cobran las barcazas.

El puente sobre el Canal de Chacao tendrá un costo de 360 mil 134 millones de pesos. La construcción se la adjudicó el consorcio compuesto por OAS, Hyundai, Systra y Aas-Jakobsen. La vida útil de la obra será de 100 años.