La Contraloría General de la República detectó irregularidades del Gobierno Regional de Los Ríos, en la asignación de recursos en un concurso de pesca artesanal.
Se trata de irregularidades detectadas en la entrega de recursos por cerca de 28 millones de pesos para el proyecto de Fipasur, denominado “Implementación de una planta procesadora de productos pesqueros, con ampliación tecnológica en elaboración, envasado y su posterior comercialización”, tras concurso regional del año 2012.
En ente contralor detectó que los fondos fueron entregados, pese a que la entidad no cumplió con requisitos estipulados en las bases del concurso, como lo señaló Gino Bavestrello, presidente del sindicato de armadores y pescadores artesanales históricos de Valdivia, quien hizo la denuncia.
El ente contralor detectó que el organismo beneficiado no ingresó a tiempo un certificado a la capitanía de Puerto de Valdivia que acreditara el inicio del trámite de concesión marítima de la caleta respectiva, en Niebla, el cual era exigido por bases.
Si bien contaban con un uso provisorio de la dirección obras portuarias, Contraloría dice que atendido el incumplimiento de ese requisito de postulación no se debió haber adjudicado los caudales que se trata al cuestionado proyecto.
Sin embargo, el mismo ente fiscalizador indicó que no procede que dicho acto administrativo sea invalidado por el Gobierno Regional de Los Rios. Esto porque si bien sobre el mecanismo de calificación para el llamado se utilizaron variables, conceptos y puntajes que no se convenían en las bases, no se advierte que la inclusión de tales hayan alterado el resultado del concurso.
Por ello, quienes adquirieron derechos de buena fe dentro de un procedimiento, no pueden verse afectadas sus situaciones consolidadas a consecuencia de estas actuaciones. Al respeto, el intendente Henry Azurmendi dijo que analizarán el dictamen.
De todas formas, la Contraloría indicó que no se han acompañado los antecedentes que den cuenta del inicio de investigaciones por irregularidades detectadas en la distribución de los fondos, las que deberán llevarse a cabo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, lo que tendrá que ser informado a este órgano contralor.
