El tribunal correccional de Marsella (sur de Francia) condenó el martes a Jean-Claude Mas, fundador de la firma francesa PIP, a cuatro años de cárcel por haber vendido durante años prótesis mamarias fraudulentas.

Los otros cuatro acusados en este juicio por engaño agravado y estafa, todos exdirectivos de la empresa, fueron condenados a penas de prisión de entre 18 meses y tres años, en parte condicionales.

Mas, de 74 años de edad, permaneció imperturbable al anunciarse el veredicto. También fue condenado a 75.000 euros de multa y a una prohibición definitiva de ejercer en el sector médico y de dirigir empresas.

La fiscalía había pedido contra él, calificándolo de “aprendiz de brujo de las prótesis”, cuatro años de cárcel y 100.000 euros de multa.

Medio centenar de víctimas estaban presentes en el juzgado. 7.113 de ellas se habían declarado demandantes, una cifra menor que las 7.445 anunciadas cuando tuvo lugar el juicio, en mayo pasado, ya que algunas de las demandas fueron desestimadas.

Los otros acusados fueron condenados a penas menos graves. Claude Couty, que fue sucesivamente director general y presidente del directorio de PIP, cumplirá una pena de tres años de prisión, dos de ellos condicionales. Hannelore Font, directora de calidad, y Loic Gossart, director de producción, cumplirán dos años, uno de ellos condicional. Y Thierry Brinon, director de Investigación y desarrollo, 18 meses condicionales.

Font, Brinon y Gossart estaban acusados de complicidad.

El abogado de Mas anunció inmediatamente después de anunciarse el veredicto que presentará un recurso de apelación.

El escándalo de las prótesis mamarias PIP fue descubierto en marzo de 2010. La firma utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado y que la firma declaraba utilizar.

El número de portadoras de las prótesis PIP se estima en 30.000 en Francia y en cientos de miles en el mundo, muchas de ellas latinoamericanas.

En un procedimiento paralelo ante un tribunal civil, la justicia francesa consideró también responsable a la firma alemana TUV, que tenía a cargo la certificación de la calidad de las prótesis, y consideró que “no cumplió sus obligaciones de control” y la condenó a “reparar los perjuicios” causados.

Además de esos juicios, otras dos causas están siendo instruidas por la justicia francesa por el escándalo PIP, una por heridas involuntarias y otra por quiebra fraudulenta.