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Gobierno español adopta controvertido proyecto de ley sobre seguridad

Protesta en Madrid | Montecruz Foto (cc)
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El gobierno conservador español aprobó este viernes un muy controvertido proyecto de ley de seguridad ciudadana, tras haber suavizado el texto a raíz de las virulentas críticas de la oposición, que denunció un “proyecto de represión ciudadana” y un ataque contra el derecho de manifestación.

La ley llamada de “protección de la seguridad ciudadana” pretende reemplazar un texto precedente que data de 1992, conocido como la ley Corcuera por el nombre del ministro de Interior de esa época, José Luis Corcuera, que también levantó polémica antes de ser aprobado.

Su objetivo es “fortalecer la garantía de las libertades públicas y la seguridad pública”, explicó el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras el consejo de ministros semanal.

Para hacerlo, la nueva ley sancionará “de manera más eficaz las conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana y que han evolucionado mucho” en los últimos dos decenios, añadió el ministro.

Este nuevo texto define tres tipos de infracciones: muy graves, punibles con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros, graves (entre 1.001 y 30.000 euros) y leves (entre 100 y 1.000 euros).

Pero debido a las numerosas críticas de la oposición en las últimas dos semanas, el gobierno suavizó la ley antes de enviarla al Parlamento para ser debatida.

Esta última versión rebaja de “muy grave” a “grave” la celebración de manifestaciones no autorizadas ante edificios oficiales como el Congreso de los Diputados españoles.

Este punto en particular había enfurecido a la oposición dado que la cámara de diputados de Madrid se había convertido en uno de los escenarios simbólicos de las protestas contra las políticas de austeridad del gobierno del conservador Mariano Rajoy.

Pero este texto edulcorado no ha aplacado las críticas: un responsables del Partido Socialista, Antonio Hernando, denunció este viernes la “deriva autoritaria” del Partido Popular, en el poder con mayoría absoluta desde finales de 2011.

“Es una operación de maquillaje. Los objetivos son exactamente los mismos”, había afirmado el jueves un portavoz del grupo parlamentario Izquierda Plural.

El texto recoge sanciones para un amplio abanico de actos, desde quemar contenedores a solicitar servicios de prostitución delante de una escuela o apuntar con rayos láser a pilotos de avión o conductores de tren o autobús.

Entre las disposiciones más polémicas que finalmente se han rebajado de “muy grave” a “leve” están los insultos a agentes de policía y la difusión de imágenes que puedan atentar contra su seguridad o su honor.

Por el contrario, se definen como “infracciones graves” las “ofensas a España, a la Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

La futura ley “se suaviza porque era completamente absurdo pedir 600.000 euros a nadie por manifestarse delante del Congreso, es una cosa de locos pensar que alguien puede pagar 600.000 euros, tampoco 30.000″, aseguraba el jueves la número dos del Partido Socialista, Elena Valenciano.

“Pero lo importante”, según ella, “es lo que tiene en el fondo una ley que quiere reprimir el derecho de manifestación de la gente”.

“En otros países europeos, hay de verdad problemas de violencia pero no es el caso de España. En España, la gente se manifiesta generalmente con mucha tranquilidad y esto parece casi una provocación del ministro de Interior”, criticó.

El portavoz del grupo parlamentario Izquierda Plural, que agrupa a varios partidos progresistas, Joan Coscubiela, había recordado que “la ley Corcuera todo el mundo la conoce como la ley de ‘la patada en la puerta’”.

Esta ley generó polémica porque facilitaba los registros de las fuerzas del orden en casos de sospecha de delito flagrante. “Esta nueva ley podrá ser conocida como la de ‘la patada en la boca’ de la democracia”, afirmó el diputado.

Por su parte, la ONG ecologista Greenpeace reafirmó el viernes su rechazo a la futura ley, denunciando “un paso más en el plan de recorte de los derechos fundamentales en los que este gobierno se ha embarcado”.

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