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Contraloría ordena sumarios en Municipio de Puerto Montt por comodatos irregulares

Archivo | Teresa Medina (RBB)
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Contraloría ordenó a la Municipalidad de Puerto Montt iniciar sumarios administrativos para esclarecer la entrega de una serie de comodatos a diversas organizaciones sociales y privadas de la comuna a partir del año 1995.

La intromisión del órgano rector fue solicitada durante el año pasado por el senador de Renovación Nacional Carlos Ignacio Kuschel, quien denunció diversas situaciones que dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados, redactados en 60 páginas, llegaron a la oficina de partes del municipio puertomontino cuatro días ante de las recientes elecciones, pese a esto fue dado a conocer durante la última sesión del Concejo Municipal de este martes por el concejal José Segura, también de RN.

La revisión detectó irregularidades en la celebración de diversos contratos entre el municipio de Puerto Montt y diversas entidades sociales y privadas locales, principalmente la entrega de comodatos desde 1995 que carecían de respaldos y requisitos legales.

Se detectaron irregularidades, por ejemplo, en convenios suscritos con el Club de Deportes Puerto Montt, Club de Rodeo Chileno, Asociación de Fútbol Viejos Cracks, Club de Rugby Los Lobos, Club de Tenis, Universidad de Los Lagos y la empresa de Estacionamiento Subterráneos SBT, entre otras organizaciones.

El primero en responder por estas situaciones fue el senador electo y ex alcalde, Rabindranath Quinteros (PS), considerando que el socialista estuvo a la cabeza del Concejo Edilicio durante 12 años, a partir del año 2000. Repudió las críticas en su contra, señaló que nunca la Contraloría le solicitó documentación alguna y criticó, a su vez, al órgano rector por realizar una indagación “poco seria”.

Por su parte, el actual alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, evitó emitir juicios apresurados, pero confirmó que instruirá el inicio de las respectivas investigaciones sumarias para terminar así con el “desorden administrativo” que impera en el municipio.

La normativa establece 10 días para que el municipio instale las correspondientes investigaciones y 30 días para responder el informe de Contraloría.

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