La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió los recursos de protección presentado por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y del comité -presidido por el intendente José Durana- que dio luz verde al controvertido proyecto minero Los Pumas.

El fallo, firmado por el ministro Rodrigo Olavarría e integrado por el fiscal judicial Rubén Morales, y el abogado integrante Enzo Alvarado, asegura que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aprobada en agosto pasado, no cumplió normativas referentes al respeto a las comunidades originarias de la zona.

Así también, se indica que los trabajos tendientes a minimizar los impactos del proyecto, no garantizan su efectividad, y son intervención para el mundo aymara, que no fue consultada en torno al Convenio 169 de la OIT.

Respecto a los relaves (desechos mineros), que serían contenidos en un lugar cercano al yacimiento, y que va en pendiente, son una amenaza al río del lugar que concluye en Arica. Éste se aprobó vulnerando la normativa actual.

“La resolución que la calificó favorablemente, el cual pretende arrancar 2.320 yaretas, el agua de la vertiente Taapaca, el transitar con camiones minerales y residuos tóxicos por el Parque Lauca, hace todo ello se vea amenazada a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, declara el fallo.

Por lo anterior, se dejó “sin efecto en todas sus partes la Resolución Exenta N° 050, de 19 de agosto de 2013, que calificó favorablemente el Proyecto de Manganeso Los Pumas, dictada por don José Durana Semir, Intendente de la Región de Arica y Parinacota, en su calidad de Presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota, y por don Nicolás Calderón Ortiz, en su calidad de Secretario de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota”.

La aprobación del controvertido proyecto -que pretende la explotación de manganeso en el altiplano de Parinacota-, generó el levantamiento de un movimiento ciudadano, así como de las autoridades comunales de Arica y Putre, quienes respaldaron la acción judicial, que hoy fue acogida.

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