Este viernes la Corte Suprema ratificó las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las empresas eléctricas responsables del apagón generalizado, que afectó a gran parte del país el 14 de marzo del 2010.
Por lo anterior, el máximo tribunal aplicó a las empresas sancionadas una multa de 6.300 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a más de $3 mil millones.
El apagón abarcó a todo el Sistema Interconectado Central, SIC, es decir, entre Tal Tal y Chiloé, situación que afectó a más de 13 millones de personas.
La falla se originó en la Subestación Charrúa de la región del Bío Bío, propiedad de la empresa Transelec, según el estudio de la SEC.
En ese entonces a las empresas pertenecientes a dicho sistema, se les aplicó la sanción que las obligaba a pagar 18 multas y 98 amonestaciones.
Tras las sanciones, las distintas empresas apelaron a recursos de reposición y prestaciones a la Contraloría.
Sin embargo, finalmente se determinó que dichas empresas tuvieron responsabilidad en el apagón, agregando en el fallo que “el terremoto del 27 de febrero no puede ser considerado como una causal que exima de responsabilidad a las empresas”.
